Los feminismos fueron, durante estos años, una voz más de denuncia antifascista dentro de los movimientos sociales, y una disidencia política para el gobierno de Bukele quien desde el primer momento de su gestión eliminó partidas presupuestarias, programas de Estado y políticas públicas con enfoque de género y para la comunidad LGBTIQ+.
Fotos: Alfredo Alvarado desde San Salvador
En El Salvador, país sede del último Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC), se registró desde 2020 un incremento en la violencia hacia las mujeres, pasando de ese año a 2021, de 20 mil a 25 mil las agresiones denunciadas, un aumento del 9% en los feminicidios y de un 32% en los suicidios. Alarmas en un contexto de represión, estado de sitio, desapariciones, persecución a activistas y detenciones ordenadas por el ejecutivo. Agresiones institucionales que incluyen altos índices de gestaciones de niñas y adolescentes y con penalización absoluta del derecho a abortar.
A la vez, la situación de las personas LGBTI+ en el país para el periodo 2020 – 2022 estuvo marcada por diversos hechos de violencia que tanto medios de comunicación feministas como organizaciones de la sociedad civil reportaron y documentaron ante la decisión política del gobierno -y el paradigma- Bukele de negar el derecho a la identidad. Omisiones que se traducen en: crímenes de odio no investigados correctamente; encierros revictimizantes, torturas y detenciones ilegales; estigmatización y falta de políticas públicas.
Foto: Alfredo Alvarado
Ante esto, convocadas por esta problemática, agrupaciones de San Salvador, La Libertad, Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Cabañas, Cuscatlán, Usulután y Morazán presentaron una agenda política llamada “Nada sobre nosotras sin nosotras”. Una herramienta para incidir en los partidos políticos que presenten candidaturas presidenciales para sensibilizar sobre la importancia de llevar adelante acciones en favor de los DDHH y la igualdad.
Retoma las prioridades en 10 ejes: salud sexual y reproductiva, derechos económicos, mecanismos de igualdad de género, articulación entre gobiernos nacional y local para la territorialización de políticas de igualdad, derecho a una vida libre de violencias, acceso al agua y a los derechos ambientales, transparencia y anticorrupción, promoción y respeto del Estado laico, comunicación inclusiva no sexista y educación inclusiva.
“La agenda política del próximo gobierno debe establecer propuestas claras en estos ejes que impactan directamente sobre la vida de las mujeres en El Salvador”, afirmaron desde la iniciativa. Y agregaron que la plataforma es un insumo para la organización y de articulación ya que “las mujeres debemos ser las protagonistas del proceso de elaboración de políticas públicas para la equidad de género, promoviendo cambios estructurales y redistributivos”.
La problemática de la violencia patriarcal es una situación grave para el país. Los datos de enero a agosto del 2023 reportaron 274 feminicidios, siendo las más jóvenes, entre 15 a 29 años, las principales agredidas. Mientras que a nivel de violencia sexual, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó de enero a junio del mismo año, un total de 2060 denuncias; un promedio de 11 delitos diarios, una situación agravada por el sub registro en historias de mujeres, niñas y adolescentes que por temor, falta de apoyo o de credibilidad en las instituciones estatales, entre otras razones, no denuncian. Según el informe de la Dirección General de Estadística y Censos (DYGESTIC), en el trienio 2015-2017, un promedio de 13 mujeres enfrentaron diariamente un delito contra su libertad sexual en El Salvador.
Foto: Alfredo Alvarado
Por su parte, el “Estudio sobre el acceso a la justicia de las personas LGBTIQA+ particularmente de la población trans en Guatemala, Honduras y El Salvador” de Cristosal evidencia una violencia que además se traduce en deuda histórica por parte del Estado: la falta de reconocimiento de la identidad de género a personas travestis, trans y no binarias.
Por eso, una de las demandas de esa población ante una eventual reelección de Bukele, y que sobre todo se sintió en las calles durante la última Marcha del Orgullo o Pride, es que la Asamblea Legislativa -de mayoría oficialista y obediencia automática al presidente- deberá cumplir con una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia y crear un procedimiento sencillo y eficiente que permita que las personas trans puedan modificar y reflejar correctamente en los documentos de identidad su género autopercibido y autodeclarado.
Según el informe “al igual que Guatemala y Honduras, el El Salvador no cuenta con normativa especializada que garantice los derechos de las personas LGBTI+”, obligándoles al exilio y a la migración forzada “para encontrar otras oportunidades o a vivir con miedo debido al rechazo social basado en los prejuicios y estigmas basados en la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género”. Esto ante la falta de sensibilización y sobre todo, de una ley de Educación Integral Sexual en las escuelas.
Foto: Alfredo Alvarado
Además de la falta de justicia de género, se suma la ambiental ante territorios contaminados y la inequidad entre lo urbano y rural que también se manifiestan en el acceso al derecho al agua, por ejemplo. Una situación que impacta en El Salvador de forma diferenciada sobre mujeres y LGBTI+, a cargo de las tareas de cuidado o con los más bajos ingresos económicos. Una crisis sistémica que requiere un abordaje donde ellas y elles están presentes para decidir sobre sus vidas y proyectos. Más allá de un resultado de elecciones.
Foto: Alfredo Alvarado