Nuestra región se encuentra bajo fuego. Desde Haití hasta Chile podemos dibujar un mapa de focos de calor de diversa intensidad que nos hablan del descontento social en tiempos de pandemia y de la debilidad institucional de los Estados para enfrentar la crisis.
En la década pasada, la región era ejemplo de estabilidad macroeconómica, crecimiento y relativa firmeza democrática, en parte resultado del súper ciclo de las commodities. El mito de los países de renta media inundó las narrativas que veían en América Latina historias de éxito. Las modernas clases medias de las urbes latinoamericanas se lanzaron al consumo de electrodomésticos chinos y fast fashion, distraídos con la ilusión de igualdad que proveía las redes sociales. Un ilusorio “ascenso social” no nos permitía detenernos a discutir temas centrales como la calidad educativa o el acceso a un sistema de salud.
Pero despertamos y el dinosaurio todavía estaba allí. La desigualdad histórica de la región se muestra persistentemente sólida, y la extrema vulnerabilidad de las clases medias amenaza con devolvernos a la pobreza cualquier momento. Un modelo económico basado en la extracción de recursos naturales con daños medioambientales y la provisión de mano de obra barata muestra sus límites, y alimenta una creciente desconfianza de la ciudadanía, particularmente de la juventud, hacia las instituciones del Estado y la democracia.
Y los titulares de los periódicos nos sacuden con hechos que parecen pertenecer a los oscuros tiempos del pasado. En Nicaragua, Ortega lleva 14 años al frente del país, y en noviembre buscará su cuarto mandato consecutivo. Para evitar cualquier interferencia en sus planes, llevó adelante detenciones de una docena de dirigentes, entre ellos varios precandidatos presidenciales, acusados de lavado de dinero y por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”. Triste final para el legado de la revolución sandinista.
Volteamos la página para encontrar en El Salvador un mesías tropical que, arropado por su populismo, impone la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia y el cese del fiscal general, vulnerando de un plumazo la división de poderes. Ante las críticas internacionales, cierra la conversación con un tuit: «El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos». Y con los niveles de migración de su país, tal parece que los ciudadanos le están tomando la palabra.
Haití nos deja sin habla. Su presidente murió hace poco en un ataque armado contra su residencia privada. Lo ocurrido amenaza con desestabilizar aún más un país que enfrenta desde hace años múltiples crisis, una pobreza crónica y recurrentes desastres naturales. Similar incertidumbre afronta Brasil frente a la posibilidad de un impeachment a su presidente, acusado de 23 delitos relacionados con su gestión de la pandemia, que ya mató a más de 520.000 personas.
Y al igual que en Brasil, las y los ciudadanos colombianos inundan las calles en protesta contra su gobierno, que no duda en reprimir. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH publicó un duro informe donde denuncia «el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, y denuncias de desaparición (…)”.
Entre tanto, Perú nos mantuvo en vilo más de cuarenta días desde su segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pues se presentaron cerca de mil pedidos de nulidad que retrasaron hasta este lunes la proclamación del presidente electo, el profesor Pedro Castillo. Y mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvía las apelaciones a las actas de proclamación, el Congreso apuraba la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional (TC) para cercar al vencedor de las elecciones, quien tendrá muy difícil avanzar en los cambios prometidos.
Todos estos escenarios de conflicto tienen algo más que proximidad geográfica. Los analistas coinciden en describir una región que enfrenta una espiral de crisis con problemas irresueltos. La pandemia, sumada a la crisis económica, hacen más evidentes en la región la desigualdad, la violencia, la brutalidad policial/militar, la falta de infraestructura, la inoperancia de los gobiernos, las brechas en el acceso a la educación y la salud y el desprestigio de la política.
La pandemia nos puso de frente al dinosaurio y ninguna vacuna nos podrá resolver un futuro que se vislumbra cada vez más incierto.
Lourdes Montero es cientista social boliviana.