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Derecho a la ciudad: estrategia de revolución urbana
Pikara
2021-04-20
Por Susana Martínez Domingo

¿Cómo diseñaría la planificación urbana una mujer negra, pobre y habitante de un asentamiento ilegal? Una política institucional feminista pasa por pensar las prácticas excluyentes, clasistas y racistas que operan en las ciudades.


Ilustración de Susanna Martín.

Por primera vez en la historia de la civilización, más de la mitad de la humanidad vive en espacios urbanos y la cifra va a continuar aumentando. Por eso las ciudades representan actualmente los polos económicos que van determinando gran parte de las transformaciones sociales mundiales.

Aunque no existen unos criterios universalmente aceptados para clasificar un territorio como urbano, la mayoría de países definen la ciudad como un espacio con una población heterogénea superior a 10.000 habitantes y que cuenta con una concentración de recursos sociales, culturales, políticos y económicos.

Las ciudades son necesariamente diversas en su composición, por lo que su viabilidad en cuestión de desarrollo no solo depende de su eficiencia económica. Aun así, los esquemas principales de desarrollo urbano se basan en un orden social capitalista con patrones de homogenización, competición, inversión, mercantilización de la tierra y una consiguiente especulación. Es desde este escenario actual donde las ciudades no son capaces de crear un modelo sostenible de inclusión social, por lo que acaban siendo generadoras de exclusión. En este contexto, el movimiento urbanizador potencia las “ciudades globales”, entendidas como aquellas que tienen un efecto directo y tangible en los asuntos mundiales en términos socioeconómicos y culturales, pero que también expulsan a diferentes velocidades y por aspectos diversos a las personas “marginadas”, aquellas excluidas de los beneficios del capitalismo.

La socióloga Saskia Sassen afirma que el capitalismo global nos enfrenta a nuevas lógicas de expulsiones: personas, empresas, comunidades y pueblos son desterrados tanto de lugares físicos como del orden socioeconómico preestablecido debido a un sistema de acumulación cada vez más extremo. Se hace referencia al extractivismo urbano —en alusión al capitalismo extractivista que saquea los elementos naturales de América Latina— para hablar de las empresas que explotan la “belleza” de una ciudad como producto de mercado e incentivan una falta absoluta de redistribución de la riqueza. Se busca así el máximo beneficio en el menor tiempo posible y, a su vez, se fomentan unas políticas públicas ciegas cortoplacistas que no saben dar respuesta a los conflictos urbanos. Esto provoca que hoy las ciudades sean concebidas como lugares de gestión y no como actores políticos fundamentales, pues se sobredimensiona el espacio productivo y se olvida la gran parte que sostiene todo lo demás.

«El primer paso para una cuidad sostenible y cuidadora es valorar positivamente la interdependencia» CLIC PARA TUITEAR

La ciudad ha sido convertida en una mercancía que se puede comprar y vender. Por ello, existe una multiplicidad de movimientos sociales e iniciativas que buscan una contrausurpación del espacio, que reclaman la ciudad como territorio propio para la interacción y la convivencia. Se reivindica, desde ciertos espacios de la sociedad civil, el llamado «derecho a la ciudad» como derecho activo a construir una ciudad diferente.

Aprovechando esta reivindicación, ha habido un intento oportunista de convertir el derecho a la ciudad en una mera herramienta para gestionar las políticas urbanas por parte de las principales instituciones internacionales como el Banco Mundial, la Unión Europea, ONU-Hábitat o el Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha convertido en un lema “pseudorradical” y se ha esbozado en la agenda política como derecho a las prestaciones básicas en materia de bienestar: vivienda y confort, calidad ambiental, servicios públicos, uso del espacio público y propuestas de generación de “espacios alternativos” que, a su vez, han contribuido a la gentrificación, entendida como la apropiación física y simbólica de los barrios por parte de grupos con capital económico elevado.

El origen del concepto “derecho a la ciudad”, sin embargo, está muy lejos de este uso utilitarista: para el filósofo y sociólogo de orientación marxista Henri Lefebvre, el derecho a la ciudad implicaba una transformación radical de la sociedad con la implicación activa de toda la ciudadanía. Bajo este paradigma, el derecho a la ciudad no solo debe crear espacios arquitectónicos sostenibles y seguros, sino establecer las bases para que una comunidad desarrolle un estilo de vida ajeno al individualismo, en el que todas sus identidades sean respetadas por igual y donde se tenga la capacidad de autogestionar una mentalidad colectiva. La gran oportunidad de la ciudad debería ser, precisamente, urbanizar la subjetividad y la persona más allá de las diferencias de raza, origen, clase social, religión, identidad de género, orientación sexual, edad, capacidad o cualquier otra condición: promover la reconciliación y convivencia entre todas estas diferencias, en lugar de su eliminación, invisibilización o represión.


Ilustración de Susanna Martín.

Si bien un enfoque del derecho a la ciudad desde arriba hacia abajo es conceptual y fundamentalmente erróneo, hoy en día este derecho se programa institucionalmente sin que las personas excluidas del sistema sean conscientes de este “traslado» a ciegas de poder. En un encuentro en torno al derecho a la ciudad de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales (Bogotá, 2016), Luana Varejâo, del movimiento Ocupe Estelita de Recife (Brasil), que lucha contra poderosas empresas inmobiliarias para detener la ocupación de unos terrenos, preguntó: “¿Cómo sería la ciudad creada desde la mirada de una mujer pobre, negra, que vive en un asentamiento ilegal y que cada día tiene que sufrir una epopeya para hacer lo cotidiano?”. Reivindicaba así la construcción de la ciudad desde la mirada y la voz de las mujeres que viven en una situación de mayor opresión; urbes hechas de abajo a arriba y no al revés, como invita y propaga la tendencia actual.

La ciudad debería ser un espacio donde todas las mujeres “sin poder” puedan crear cambio desde la creatividad social, cultural y política y generar nuevas narrativas que desestabilicen la lógica funcional de las grandes corporaciones. Para ello, sería necesario, como condición previa, repensar las formas y estrategias que adopta el feminismo institucionalizado. La pretendida inclusión en la agenda política del abordaje de opresiones que vivencian las personas más vulnerabilizadas —y muy especialmente las mujeres— ha provocado con frecuencia un uso vacío de conceptos como el de interseccionalidad. Repensarse implica autocuestionarse qué tipo de prácticas excluyentes, clasistas y racistas se llevan a cabo en la ciudad y por qué los mensajes transmitidos no abrazan a todos los diversos feminismos que existen. Es indispensable tener en cuenta que en la medida en que el feminismo hegemónico de Occidente intenta universalizar su análisis opera como otra fuerza más de discriminación hacia aquellas mujeres que habitan en contextos de marginación no representables en las lógicas cis, hetero y de clase media o alta.

Exigir el derecho a la ciudad desde los privilegios es un oxímoron en sí mismo. Por ello, es primordial revisar la intersección existente entre inmunidades y opresiones (clase, orientación sexual e identidad, cuerpo, raza, género…) para no reforzar los prejuicios y las prácticas coloniales que se instalan cotidianamente en las ciudades. Si no se hace una lectura más amplia del derecho a la ciudad desde el propio feminismo, situando en el centro a las personas que más sufren los perjuicios que genera el sistema neoliberal y capitalista, se estará haciendo una lectura parcial de la realidad. Esta lectura, a su vez, reforzará las opresiones. De ahí que se deba insistir en:

1) El desarrollo de marcos conceptuales locales que aborden las desigualdades y las discriminaciones estructurales de un modo crítico, asumiendo la responsabilidad de los Estados occidentales y de la globalización económica actual.

2) Entender el legado colonial para asumir que muchas lógicas de opresión en los espacios son posibles por los efectos del colonialismo. Se sigue ignorando la heterogeneidad de las personas estereotipadas como «otras», despojándolas de sus riquezas organizativas, culturales y simbólicas. El derecho a la ciudad no es posible sin una decolonialidad del poder y de los espacios, como reclama Boaventura de Sousa Santos.

3) El cuestionamiento continuo del feminismo hegemónico y de las políticas antirracistas, preguntándonos si en efecto apoyan a todas las mujeres y si en efecto se trabaja para deconstruir las estructuras y relaciones de poder racializadas. La concepción universalista del feminismo de Occidente es una concepción que también anula la diversidad, la variedad de contextos, de historias, de luchas, de resistencias, de propuestas surgidas en los márgenes, en lo entendido como periférico, no occidental. El derecho a la ciudad puede, en este punto, actuar como elemento catalizador de las demandas. Actualmente se vive en contra del compromiso con la vida colectiva, pero en una ciudad global se debe tomar conciencia de que el “nosotras” no es una amenaza, sino una apuesta por una riqueza que debe redefinirse como valor de lo que es inapropiable; es decir, de aquello que no puede tener propietario.

4) Actuar teniendo en cuenta que la liberación de las opresiones no es cuestión de “agencia personal” o “empoderamiento”, sino de cambios sociopolíticos efectuados desde los cimientos de las estructuras sociales. A su vez, es imprescindible entender que la opresión ejercida por las estructuras del poder sobre la mujer fluctúa en virtud del contexto social y cultural y que, por tanto, las medidas y acciones institucionales no pueden ser universalizables.

5) Concebir las diferencias como una soberanía personal y, a la vez, comunitaria. Si el feminismo hegemónico promueve la mera “tolerancia de las diferencias” estará reafirmando una posición de poder que niega por completo la función creativa que las diferencias desempeñan. La construcción de una ciudad como proyecto colectivo no pasa por la supresión de éstas ni tampoco por el simulacro de que no existen tales diferencias.

Bajo la llamada “ciudad sostenible”, “ciudad diversa”, “ciudad accesible”, “ciudad viva”, “ciudad educadora” o “ciudad cuidadora”, se reivindica una fórmula común: unas políticas urbanas que pongan la vida en el centro y estén orientadas a reequilibrar, repartir y reconocer la cotidianidad de cada una de las personas. ¿Cómo hacerlo? El primer paso es asumir y valorar positivamente la interdependencia. Después podremos hablar de un reconocimiento real y universal de derechos, de unos recursos que efectivamente acompañen y liberen a quienes están más sometidas. Pero esto no podrá hacerse sin incorporar las voces silenciadas y conocer sus necesidades y propuestas concretas para trasladarlas a la definición de la movilidad, de los horarios y de las infraestructuras.

En definitiva, las instituciones deben establecer canales de participación y escucha donde todas las personas puedan compartir experiencias y reclamar los cambios necesarios para que la sociedad se vuelva más habitable para todas y cada una de ellas.

Es en el marco de la interdependencia de las fuerzas feministas, reconocidas en un plano acorde a las propias opresiones, donde se puede generar el poder de buscar nuevas formas de reivindicar el derecho a la ciudad y el valor y el apoyo necesarios para actuar en un territorio todavía por reconquistar.



Conteúdo Original por Pikara


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