Todo el personal de ginecología de la comunidad ha firmado la objeción de conciencia frente al aborto voluntario. Las riojanas que quieren realizarlo en la sanidad pública son derivadas a otros territorios, lo cual retrasa al menos dos semanas la intervención a pesar de que los plazos son esenciales. A esto se suma que no se dispensan pastillas del día después en urgencias.
Ilustración: Sra. Milton
María se dio cuenta de que estaba embarazada y pidió cita en su médica de cabecera para abortar. Era madre soltera de un hijo de un año y en ese momento no podía plantearse tener otra criatura. La doctora se quedó con el “enhorabuena” a medio camino cuando vio que ella rompía a llorar en la consulta. “Me trató muy bien y activó el protocolo. Fue la única médica que me trató bien en todo el proceso”, cuenta. María es de La Rioja, una comunidad muy pequeña, por lo que prefiere utilizar un nombre ficticio porque casi nadie de su entorno conoce esta historia.
La ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por plazos fue aprobada en el año 2010 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La legislación vigente legalizó el aborto voluntario en cualquier caso, siempre que se realice en las 14 primeras semanas de embarazo y dando un plazo de hasta 22 semanas si las causas son según los supuestos médicos ya contemplados en la ley del 85 de riesgo vital para la madre o anomalías en el feto.
La misma ley marca que deben pasar tres días de reflexión desde que se comunica la decisión de abortar en el hospital hasta que se hace efectiva. La médica de cabecera del centro de salud de María no disponía de los papeles que el personal médico tiene que dar a la paciente para que comience a correr ese tiempo. Esa documentación le correspondía dársela al servicio de ginecología del Centro de Alta Resolución San Millán (CARPA) de Logroño una vez que recibieran la solicitud desde su centro de salud. Desde allí tenían que llamarla para que fuera a consulta, informarla de las alternativas que tenía al aborto, pasar los tres días y comunicar su decisión. “Pasó semana y media y no me habían llamado. Se lo dije a mi médica y me dijo que era rarísimo, que lo tenían que haber hecho al día siguiente, así que me fui al Hospital San Pedro de Logroño con una amiga. Allí me informaron de que tenía que pedir la cita en el CARPA, pero había una semana de vacaciones y no hacían consultas”, cuenta. Desde el coche, su amiga llamó al centro y le informaron de que, además de no haberle dado cita, todo el personal médico de la comunidad de La Rioja ha firmado la objeción de conciencia al aborto. Ningún profesional, ni en centros privados ni públicos, practica interrupciones voluntarias del embarazo. María tenía que pagarla en la sanidad privada de otra comunidad, que puede costar entre 300 y 500 euros dependiendo de las semanas de embarazo, o esperar a la consulta en el CARPA, activar los tres días y, luego, ser derivada a otra comunidad autónoma.
La Rioja tiene una de las menores tasas de aborto del Estado, un 6,18 por cada mil mujeres frente a la media nacional de 11,53 en 2019, según datos del Ministerio de Sanidad. El tabú respecto al aborto en esta comunidad está muy arraigado e incluso el personal sanitario que ha querido hacer declaraciones prefiere hacerlo desde el anonimato: “Si ven que das guerra te castigan. Y aquí el tema es que si todo el mundo es objetor de conciencia y alguien no, se cargaría con todas las IVE y, además, cargaría con los problemas si los hubiera. Esto da miedo”, explica una trabajadora. Otra persona, también profesional sanitaria en La Rioja, asegura que cuando habla individualmente con alguien de ginecología, hay quien reconoce que no es objetor, pero acepta firmar la objeción de conciencia como marca la ley prácticamente cuando firma el contrato. Es como un requisito. “Si te pronuncias a favor del aborto te estigmatizan”, explica. La consecuencia es que el trámite administrativo para derivar a las embarazadas a otra comunidad implica que los plazos se dilaten, como le pasó a María.
Cuando al fin, después de los días de fiesta, la recibió la ginecóloga, se enteró de que estaba embarazada de ocho semanas. Es decir, ya no podía realizar una interrupción farmacológica, con pastillas, posible hasta la séptima semana de embarazo, sino que tenía que someterse a una intervención quirúrgica conocida como legrado y que se hace bien por raspado o bien por aspiración. “La ginecóloga me trató con desprecio, me dijo que lo había hecho era una irresponsabilidad. Me puse a llorar y entonces aflojó un poco, pero creo que una médica, independientemente de la opinión que tenga, te tiene que informar y ya. En esos momentos estás angustiada, notas cómo va creciendo algo en tu vientre. Decides abortar porque no tienes otra opción, no por gusto, y lo que necesitas es apoyo, no que te juzguen”, dice María. La médica le dio los papeles informativos. “Como era miércoles, aunque por ley son tres días, tenía que esperar hasta el lunes. Te agobias mucho porque ves que pasa otra semana. Cuando volví a la consulta y le dije que sí, que quería abortar, de nuevo me trató con desprecio y entonces me dio tres opciones: ir a Zaragoza, a Pamplona o a Bilbao. Elegí Bilbao porque estaba más cerca y tenía una amiga allí. Fui a la administración del CARPA, hice todo el papeleo, la matrona me explicó qué anticonceptivos había, como si no fuera consciente, y me dieron cita”. Cuando María entró en la Clínica Euskalduna –un centro privado de la capital vizcaína concertado por la sanidad pública y que se dedica solo a intervenciones de este tipo– estaba ya de once semanas y media. “La ley dice que es legal hasta las catorce semanas. Llegué cerca del límite y lo que tenía que haber sido un aborto con pastillas tuvo que ser una intervención. Además, a nivel psicológico es una sensación que no se te quita de la cabeza. No se lo deseo a nadie. Las pastillas son más incómodas porque tienes sangrados, pero no son agresivas. Me tuvieron que hacer un legrado que tiene riesgos, entre ellos, te puede dejar estéril. Fue un momento terrorífico, te dan un sedante, pero te lo hacen a pelo y lo notas. No sé si lo hacen así para que seas consciente de lo que estás pasando. Luego te dejan sola, en un cuartito, te avisan de que van a empezar los dolores y así es. Te dan un Nolotil y para casa”.
El caso de María se dilató especialmente debido a los días de fiesta y a un retraso administrativo que nadie le explicó ni entendió que fuera negligente. Lo habitual no es que se dé una demora de tres semanas y media, pero la media de tiempo desde que la mujer dice que quiere abortar hasta que lo consigue suele ser de dos semanas. “El problema de la derivación son todos los procesos que tienes que pasar. Solo se puede derivar si hay un feto vivo, para eso hay que hacer una ecografía, para ver que hay latido. Esto supone dos problemas: uno el de los plazos, la tardanza y que tienes que demostrar continuamente que quieres acabar con el embarazo cuando la ley solo establece como requisito la voluntad de la embarazada. Esto es muy problemático, porque es una situación muy traumática en una situación ya compleja”, explica Raquel Romero, consejera de Igualdad del Gobierno riojano.
Información poco clara y mentiras a pesar de la ley
Los fallos administrativos, retrasos en los plazos y la objeción de conciencia general no son las tres únicas trabas que encuentra una riojana al abortar y que impiden que la derivación sea inmediata. A esto se suma la falta de información que el personal médico da y el trato que reciben las mujeres. Yesabeth también elige un nombre ficticio. No quiere que la señalen si alguien lee el reportaje. Abortó hace cinco años: “Tenía ya dos hijos y en ese momento estaba en una relación muy tóxica. Cuando me di cuenta, estaba de ocho semanas y se lo dije a mi médico de cabecera, que entendió la situación. Me derivaron al CARPA donde te sientas frente a una mesa y no sabes si quien te atiende es administrativa, médica o qué. Y ahí, no es que esperes el cariño de una madre, pero no estás en un momento fácil. En mi caso ya tenía dos hijos, sé en lo que luego se puede convertir un feto. Fue muy desagradable. Me llegaron a decir que me recomendaban ligarme las trompas, que era una irresponsable. Tuve que hacer mucho papeleo y tardaron dos semanas en darme cita en una clínica de Pamplona. Luego llegas ahí y te encuentras una manifestación provida en la puerta, de tías que te dicen que lo des en adopción. Y mientras estás abortando, que en mi caso fue una absorción, todo eso te hace clic en la cabeza. En mi trabajo no dije nada, pero me tuve que pedir el día para ir allí, pagando el viaje de mi bolsillo, hacerme la intervención a las cinco de la tarde y para las siete volver a casa. Cuando tuve mi tercer hijo me despidieron del trabajo durante la lactancia, pese a estar fija en la empresa y llevar cinco años. Es fácil decir que no abortes, claro, pero luego así está la cosa”.
Según cuenta una de las sanitarias, por ley, “el traslado a otra comunidad debe pagarse por lo público, pero a muchas no se lo han explicado. Además, tienes que rellenar una solicitud, justificar que has ido… Muchas dirán, ‘me voy con mi coche y paso de esto’. Y muchas veces ni saben dónde tienen que ir a solicitar que se lo paguen”. Ella misma explica que en el momento en que una embarazada avisa de su intención de abortar a la matrona o al médico de cabecera, estas disponen de un correo, ginecologia@riojasalud.es. Ahí deberían “enviar la fecha de la última la regla, el test de embarazo y el teléfono de la embarazada para que la llamen. Pero hay centros de La Rioja en que parece que no lo saben. ¿Por qué? No entendemos esa falta de información”, declara.
La desinformación no se limita solo a los trámites administrativos. Aunque haya objeción de conciencia, la ley especifica que el personal médico tiene que explicar a la embarazada dónde y cómo puede abortar de forma veraz y clara, pero no siempre se da así. La activista Silvia Agüero cuenta como una conocida se quedó embarazada hace años y el feto tenía una malformación: “Le dijeron que allí no practicaban abortos y se tuvo que ir a una clínica privada, ni siquiera le ofrecieron la derivación”. Esto a pesar de que el caso era una de los supuestos ya admitidos por la ley del 85 que sí se realizan en La Rioja. De hecho, según una de las profesionales sanitarias, a este tipo de intervenciones se las denomina en el entorno médico riojano “intervención legal del embarazo”. “Está mal dicho, porque legal es también en otros supuestos, pero cuando trabajas en un sitio te metes en la dinámica y no te das ni cuenta”, reconoce.
A Ana Bruna le dijeron que abortar era ilegal. Fue hace tres años. “Me quedé embarazada por un fallo técnico, como tantas, y por suerte me di cuenta muy pronto, a las cinco semanas. Como defensora de lo público fui a urgencias del Hospital San Pedro. En admisión una mujer me dijo que no era legal abortar y que no podía hacerlo. Le dije que lo era, pero me lo negó. Me dijo que no iba a consultar algo que ya sabía porque yo no era la primera que iba”. Decidió ir al hospital privado logroñés Los Manzanos, donde le explicaron que tampoco practicaban abortos y que probara en alguna clínica ginecológica de la ciudad. “Al final busqué una clínica en Vitoria y pagué los 300 euros. Los pagué sola, más el viaje de autobús, porque el chico se acojonó y desapareció, así que menos mal que no lo tuve. Fui sola también, no me atreví a decírselo a mi familia porque ese paternalismo ofensivo hacia nosotras también está en mí y me daba vergüenza. No lo conté hasta pasado un año. Antes de mi aborto no tenía ni idea de que esto pasaba porque no se habla. Pero pensé, otra vez más, un chasco para nosotras. Y me sorprende que nadie haya dicho nada, y eso que yo milito en todos los movimientos sociales –ha sido concejala de Izquierda Unida en el municipio de Cenicero–. A nivel político no se ha hecho gran cosa porque la mayoría de los que están en política son hombres y, claro, cómo van a saberlo si yo misma soy mujer y no sabía que esto pasaba”, explica.
El tabú del aborto en La Rioja cala en todos los ámbitos y en todas las capas sociales. “Cuando nos pasa no damos crédito, pensamos que es injusto, pero, ¿quién va a dar la cara? Se perpetúa el silencio. Si te asocian con esa idea… pronunciarte es un tema muy polémico. Yo misma que estoy a favor, no lo hago. Hago cosas micro, pero no voy a firmar un manifiesto. Te crea ese dilema, porque hacer algo público es sentenciarte como profesional, más en La Rioja”, cuenta una sanitaria. Henar Moreno, abogada y parlamentaria riojana del Grupo Mixto, explica que “no hay sentencias ni denuncias de esto porque es un proceso duro, en el que la mayoría lo que queremos es pasarlo y olvidar”.
Alternativas clandestinas: aborto en curso y pastillas ilegales
El aborto en curso es una de las formas que las riojanas tienen para que se las atienda en urgencias. “De manera oficial no hay nadie que haga abortos en La Rioja, pero a veces llegan a urgencias abortos en curso, como que ha sido un aborto natural, y entonces sí te atienden, claro, porque ya está hecho. Llegan sangrando porque alguien le ha dado las pastillas, esto lo hacen muchas. Hay mujeres que te cuentan que en alguna clínica privada les han dado la pastilla abortiva por hacerlas un favor, porque es la hija de un amigo, etcétera. Pagan y se lo dan”, cuenta una profesional sanitaria. Aunque nadie puede confirmarlo de forma oficial, las mujeres lo cuentan de vez en cuando. Moreno también lo menciona: “En mis 48 años de vida lo he oído, que hay quien dice que es objetor de conciencia en la pública y luego practica abortos en clínicas privadas”.
A esta coyuntura se suma el hecho de que en la sanidad riojana no se dispensan pastillas del día después de forma gratuita en urgencias. Quien necesita una tiene que comprarla en una farmacia por 25 euros. Dispensar estas píldoras de forma gratuita no es obligatorio por ley y depende de cada comunidad, pero en La Rioja no se dan a pesar de que podrían evitar una intervención posterior y aún sabiendo que muchas farmacias de la comunidad también se acogen a la objeción de conciencia para no vender preservativos, anticonceptivos hormonales o la píldora anticonceptiva. Personal sanitario de centros de salud de La Rioja saben, porque se lo cuentan las propias pacientes, que esta falta de recursos ha propiciado un mercado ilegal de pastillas que, al menos en la capital, es la solución para muchas mujeres que no ven otra alternativa porque no pueden desplazarse un día sin dar explicaciones o no tienen recursos para ello. Durante la pandemia, además, el cierre por comunidades ha supuesto una traba añadida para las mujeres migradas en situación irregular. “Al tener que desplazarse se arriesgan a que las paren por el camino y les pidan los papeles, con lo que las podrían mandar de vuelta a su país de origen. Por eso sé que algunas decidieron seguir adelante con el embarazo porque les parecía el mal menor”, cuenta una trabajadora de sanidad.
Compromisos políticos, propuestas y el caso navarro
Una búsqueda rápida en Google para saber dónde abortar en La Rioja dirige a la clínica Ansoain de Pamplona. Al teléfono, cuando se preguntas por un aborto, dicen que el precio varía dependiendo de las faltas. “Si vas a la Seguridad Social te derivan aquí igualmente”, miente una mujer al teléfono. “La de Ansoain es la clínica a la que históricamente se va a abortar en Navarra”, cuenta la abogada feminista y miembro de la Plataforma a Favor del Aborto de la comunidad foral, Begoña Zabala. La clínica es un negocio lucrativo entre dos comunidades en las que la falta de un servicio público de calidad da alas al negocio privado. Pertenece a José Miguel Gurrea, ginecólogo que decidió dejar Vox Navarra a las dos semanas de ingresar en el partido debido a un expediente disciplinario que la formación abrió por sus prácticas abortivas. “Su momento álgido fueron unas declaraciones en las que defendía el aborto diciendo algo así como que eran chicas de 30 años medio tontas, unas declaraciones de desprecio”, relata Zabala.
La comunidad foral de Navarra también ha sido objetora de conciencia durante años, según explica Zabala, hasta que el Gobierno de Geroa Bai, liderado por Uxue Barkos y apoyado por EH Bildu, Podemos e Izquieda-Ezkerra, desbancó a la derecha de Unión Popular Navarra. Entonces introdujeron una especificación en la ley: para poder trabajar en ginecología en la sanidad pública navarra no se podía hacer objeción de conciencia al aborto.
En La Rioja el PSOE ganó las elecciones de 2019 y pudo formar Gobierno con Unidas Podemos por primera vez tras dos décadas de gobiernos del PP. Según Henar Moreno, el Ejecutivo se comprometió entonces “a vigilar la objeción de conciencia y que, quienes la ejerzan en la salud pública, lo hagan en la privada”, así como a “asegurar una cantidad suficiente de ginecólogos que realicen abortos”. La pandemia ha paralizado este proyecto, pero Moreno se compromete a plantear una proposición no de ley en este sentido.
El proyecto de una nueva ley de igualdad ya está sobre la mesa y el Gobierno riojano está trabajando con distintos grupos sociales, según explica Raquel Romero. La consejera ha asegurado que se reunirá con Amalar, la Asociación de Matronas de La Rioja, para “desarrollar una ley que asegure que se puedan introducir y desarrollar los IVES en la salud pública riojana”. Romero entiende que la forma en que esta ley se concrete deberá decidirlo la Consejería de Salud, pero apunta como ejemplo al navarro como una posibilidad. Por otro lado, el Gobierno central está preparando un decreto ley que permitirá que las pastillas abortivas se dispensen en ambulatorios, evitando así el periplo de derivaciones administrativas.