En México, se calcula que actualmente hay entre 200 y 700 presas, en su mayoría indígenas y mujeres pobres, por haber abortado. “Parece mentira que con tantos delitos reales que perseguir en México, se siga criminalizando lo que en muchos países ya ha sido reconocido como derecho fundamental de las mujeres”, criticó Ana Buquet Corleto, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el marco del XXVI Coloquio Internacional de Estudios de Género “La Marea Verde. La lucha por la despenalización del aborto en América Latina”, Buquet explicó que la criminalización del aborto es un reflejo de la desigualdad que pone en juego la condición misma de dignidad humana y que somete a las mujeres a la única función reproductiva, sin considerar su libertad, sus posibilidades, ambiciones e independencia. “De esta manera, una mujer se convierte en instrumento de ese imperativo que la trasciende y deja de ser un fin en sí mismo. Insisto, como si la dignidad humana no fuera un atributo de las mujeres”, señaló.

Por su parte, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, aseguró que ninguno de los derechos de las mujeres ha sido concedido “sin que haya mediado una batalla”, como el derecho a la educación, la salud, al voto, entre otros. “Nuestra emancipación ha sido gradual y la hemos alcanzado sobre todo en la vida cotidiana, en la toma de las calles, en la organización, en el planteamiento de objetivos, en la educación de las nuevas generaciones”.

Finalmente, se destacó el papel que deben asumir las instituciones de educación para garantizar y mantener la defensa de los derechos de las mujeres en todo el país.

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