Narrar hechos es un desafío ya que desde el lugar que nos situamos tenemos el poder de nombrar o silenciar los sujetos y su producción de historia. Trouillot (2017)  en su análisis sobre Haití devela las formas de cómo opera el poder en la producción de la historia,  asociado al Imperio, al control y producción de subjetividades. En la historia que requiere ser contada en la Bolivia pos-electoral del 20 de octubre, el poder de producción de subjetividades y narrativas lo tienen las clases medias, académicos de oposición y medios que distorsionan los hechos de una manera conveniente como parte de la estrategia política del Golpe.

^{Foto: Marcelina Vacaflores} 

En la Patria Grande el Imperio ha implementado una estrategia para frenar la reconfiguración de alternativas políticas y mantener el control. En Bolivia, en alianza con el bloque cívico fascista, establece una estrategia para “sacar al indio”, como hicieron con Dilma y Lula en Brasil, instalando la consigna de “defensa del Voto y la Democracia”, posicionado el fraude, la anulación de las elecciones e instalando violencia, convulsión social y desestabilización y constituyendo una guerra mediática.

Semanas previas al 20 de octubre los Comités Cívicos llevaron adelante acciones violentas contra mujeres campesinas, casas de campaña del Movimiento al Socialismo (MAS); y después del 20 se manifestaron quemando instituciones públicas y material electoral, bloqueo e imposición de reglas, instalando miedo, violencia y racismo contra “mujeres de polleras”, como lo manifiesta el líder cívico Camacho, argumentos que son aceptados por jóvenes y académicas opositoras que buscan “recuperar la patria añorada”, la Bolivia del racismo y las exclusiones.

Instalaron narrativas que distorsionan y encubren los hechos, legitimando el origen de la convulsión social en el irrespeto del indio a la democracia y al poder factico del blanco. Se silencia la emancipación y la historia de los Pueblo Indígenas Originarios Campesinos (PIOC), sujeto histórico del proceso constituyente boliviano que expresa la condición de pre-existencia y el horizonte comunitario y las clases populares con narrativas que encubren el odio a lo que Evo Morales, primer Presidente Indígena de Bolivia encarna, con un disfraz semántico de “Evo, creímos en ti por tu origen étnico, ahora queremos que te vayas por corrupto, fascista y discriminador”, situando la discriminación en su lenguaje y experiencia de odio,  y deslegitimando el voto de los PIOC por ser “fraudulento”. 

El Comité de Defensa de la Democracia (CONADE) y Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana, invocando la “madre de las batallas”, convocan al bloqueo y toma de ciudades, que tiene que ser aceptada por las “polleras, ojotas y aguayos”, ya que “luchan por ellos”, silenciando con esto los derechos colectivos y territoriales y sus formas de hacer y constituir la política. Para la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) esto es un atentado a los derechos, a la institucionalidad democrática y a la voluntad soberana del Pueblo.

Esta convocatoria es vista por la sociedad agredida como delincuencial, que no respeta el voto y la voluntad de los pueblos y que tiene como objetivo desestabilizar el país. Utilizan una estrategia de corte de calles, cobros de peaje, inspecciones de vehículos, instaurar temor en la ciudadanía usando motoqueros como agentes de control y reclutando delincuentes para incendiar viviendas e instituciones. Los encargados de realizar todo esto son empleados públicos opositores, estudiantes universitarios cooptados, la unión juvenil cruceñista y clases medias que están generando violencia y vulnerando los derechos.

Por el otro lado, organizaciones gremiales, juventudes, sindicatos de transporte, campesinos e indígenas, mineros asalariados, activistas, intelectuales y trabajadores por cuenta propia han denunciado a través de comunicados, marchas y desbloqueos, que hay una estrategia golpista que está liderada por el CONADE y organizaciones cívicas.

Intelectuales de oposición y ex-aliados al MAS se han sumado a los paros, bloqueos y cabildos y han manifestado que la violencia es responsabilidad de los PIOC que salen en “defensa de su voto y el proceso” y que esta “convulsión social” es resultado “del irrespeto al Referéndum del 21 F,  como plantea Solón, dejando de lado en el análisis de la democracia, la construcción de la subjetividad y el control del pensamiento político (Chomsky, 1992), el constitucionalismo emancipatorio y el conocimiento de la emancipación (De Sousa Santos, 2006), que evidentemente rompe con lo imaginable y pensable (Trouillot, 2017) en la construcción de la democracia burguesa.

Sus argumentos invisibilizan la reivindicación política y el derecho de protesta de los pueblos, privilegiando el voto de la ciudad sobre el campo, descalificando la denuncia sobre la desestabilización y golpe de estado orquestado por el Imperio, manifestando en las redes que esta posición es antidemocrática y un servicio ideológico y acrítico del proceso pos elecciones en Bolivia y posicionando por el contrario que este movimiento golpista es democrático.

Los cabildos convocados por la CONADE se han constituido en mecanismos de convocatoria para el golpe. Antes del 20 de octubre iniciaron con la consigna del fraude y manifestaron desconocer los resultados de las elecciones, proponiendo posteriormente segunda vuelta, posesión de facto de Carlos Mesa, anulación de elecciones, rechazo a la auditoria y dando un ultimátum para la renuncia al Presidente constitucional. La CONALCAM se ha manifestado apoyando la continuidad y defensa del proceso y respaldando la auditoria electoral, solicitada por el gobierno boliviano a la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de “verificar la transparencia y legitimidad del proceso electoral”.

Estas narrativas conservadoras ponen en debate la democracia, a través de la defensa del voto y el fraude, cuestionando la legitimidad y los resultados finales donde Evo Morales gana las elecciones con el 47,08% de los votos, frente a 36,51%.  Analistas plantean que la denuncia de fraude  presentada por Carlos Mesa no tiene fundamentos ni pruebas (Ritcher, 2019) . Esto contrasta con los que defienden la consigna del fraude y desconocimiento del voto popular a partir de la suspensión del Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), como plantea Solón, argumentos que sustentan la convocatoria a la violencia y convulsión social a partir de la manipulación de la subjetividad política de los jóvenes y clases medias que está enfrentando a la sociedad boliviana y que es interpretada por algunos como un movimiento libertario.

La CONADE, académicos de oposición y  actores políticos de derecha plantean la renuncia de Evo y anulación de las elecciones como única salida para pacificar el país, como expresa el pronunciamiento del cabildo del 31 de octubre “luchar hasta que Evo Morales renuncie a la presidencia” y la Carta de Comunidad de Ciudadana.

Estas acciones plantean una cartografía en la que se confrontan dos visiones de país y en la que se dibuja le “venganza del blanco contra el indio que tuvo la osadía de expulsar al patrón del palacio de gobierno” 14 años atrás, instalando violencia contra las conquistas colectivas comunitarias y colocando a Bolivia ante un intento de golpe de Estado, montado con la manipulación de la subjetividad política y con la operación de los comités cívicos y la CONADE. La salida es impensable, pero no en clave de la racionalidad occidental que planea la renuncia de Evo, sino en las formas y acciones que la Bolivia profunda y subterránea pueda asumir.

Pilar Lizárraga Aranibar - Investigadora JAINA, Miembro Comité Directivo de CLACSO