El Gobierno de Milei intenta sacar adelante su reforma del Estado y la ley para poder gobernar por decreto mientras mientras millones de argentinos intentan sobrevivir a la mayor crisis económica de las últimas décadas.
El presidente Milei viajo a la Antártida argentina el pasado 6 de enero para poner en marcha el programa para la implementación de tecnología nuclear en el control de la contaminación por plásticos en la Antártida.
En estos últimos días, mientras el presidente Javier Milei adoctrinaba a los poderosos reunidos en el Foro de Davos acerca de las virtudes del anarco-capitalismo y los instaba a rechazar “el avance del Estado” y del “colectivismo”, la economía argentina se precipitaba un poco más hacia el abismo, con una inflación durante su primer mes de gobierno que duplica a la de los meses anteriores y una tendencia sostenida a la pérdida de valor del peso a pesar de la enorme devaluación practicada semanas antes.
Prisionero de su dogmatismo teórico, Milei se refugia en la cantinela de la libertad de mercado para legitimar sus decisiones, pero deja en evidencia el carácter autoritario de su presidencia con la tramitación de medidas fundamentales a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica y deroga leyes sin contar con el poder legislativo, y de la llamada Ley Ómnibus, por la cual pretende que el Congreso delegue competencias fundamentales en el Ejecutivo, pese a la explícita prohibición constitucional al respecto.
Embriagado con los resultados electorales aún recientes, Milei permanece inflexible y no consigue dimensionar la magnitud de la protesta social que se avecina, proporcional al tamaño del ajuste. El paro general del 24 de enero contra las medidas de su Gobierno es la primera prueba de fuerza de un año que será muy caliente en la calle.
La ley Ómnibus
En medio de la fuerte contestación social contra el megadecreto presentado por Javier Milei el 20 de diciembre, apenas una semana más tarde, el presidente envió al Congreso el proyecto de reforma del Estado denominado ampulosamente Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos (664 artículos y 350 páginas). En su fundamentación, el Gobierno declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025” y establece que “dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años”, es decir, hasta el final de este Gobierno.
Esta ley, llamada “ómnibus” por la variedad de cuestiones que comprende, implica delegar aspectos cruciales de la soberanía nacional en manos del presidente, tales como las decisiones sobre endeudamiento externo, la entrega de empresas estratégicas —defensa, satélites, centrales nucleares— a capitales extranjeros, o la entrada al país de tropas extranjeras sin autorización del Congreso. El sesgo autoritario del presidente podría imponerse con el respaldo de los partidos derechistas que apoyan con matices su plan de reformas. De aprobarse esta ley, Milei se atribuiría la suma del poder público, prescindiendo de la intervención del legislativo en muchos temas cruciales. Sus críticos lo acusan de querer imponer una cuasi-monarquía.
El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias del Congreso durante el mes de enero, en vacaciones de verano, para forzar la aprobación de la Ley Ómnibus. Sin embargo, en la convocatoria no se incluye el debate sobre el DNU, de tal forma que este decreto entró en vigencia en 30 de diciembre sin posibilidad de discutirlo hasta las sesiones ordinarias que comienzan en marzo. Durante los dos primeros meses del año, el decreto desregulador tiene efectos irreversibles, aunque luego sea desestimado por ambas cámaras —si lo rechazara una sola cámara, seguiría vigente—.
Sin embargo, su ejecución puede ser entorpecida por impugnaciones judiciales, como la que ha frenado en seco la reforma laboral. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó el 3 de enero “una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV” del DNU sobre cambios en la normativa laboral. El tribunal estableció que no se avizoran las “razones de 'urgencia' para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo”, y añade: “Varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria”.
Desde la perspectiva de género, la Ley Ómnibus incorpora conceptos ultraconservadores como el de “vida antes de la concepción”, contrario al espíritu de la ley de interrupción voluntaria del embarazo sancionada por el Congreso hace tres años, después de muchos debates y tras años de luchas feministas y movilizaciones masivas. La vicepresidenta Victoria Villarruel se pronunció contra el aborto en varias ocasiones. En una entrevista emitida durante la campaña, aseguró que Milei compartía las mismas ideas: “Nosotros somos los dos pro-vida”, dijo a un canal de noticias.
En el plano económico, si el DNU autorizaba a convertir las empresas públicas en sociedades anónimas, la Ley Ómnibus ya plantea la privatización de 41 empresas públicas, incluidas algunas estratégicas aun cuando den beneficios. Además, la ley establece retenciones fiscales del 15 % para todas las exportaciones, con algunas excepciones para el sector agropecuario, minero y de hidrocarburos, que tienen regímenes más favorables. En el agro, los gravámenes van desde el 33% para los subproductos de soja —harinas y aceites— hasta el 0% para los sectores lácteo, frutícola, hortícola, equinos y lana, entre otros. Gravar todas las exportaciones con el 15 % manteniendo estos impuestos preferentes a determinados sectores contradice las proclamas ultraliberales del presidente.
Veamos otros aspectos muy cuestionados de la ley:
• Reforma jubilatoria. Se suspende la vigencia de la ley que establece una fórmula automática de ajuste de las prestaciones de jubilación, y en su lugar el Gobierno podrá aumentar las jubilaciones por decreto. Esta prerrogativa presidencial se mantendrá hasta tanto se restablezca una fórmula automática para calcular los aumentos. Las jubilaciones de diciembre no tuvieron incremento respecto al mes anterior, a pesar de la altísima inflación.
• Blanqueo de capitales, a través de un Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, vigente hasta el 30 de noviembre de 2024. Quienes declaren la posesión no regularizada de hasta la suma de 100.000 dólares quedarán exentos del pago de sanciones o impuestos especiales por haber ocultado ese dinero al fisco. En el caso de sumas superiores, las cuotas resultan muy benignas para el blanqueo de capitales que la ley penal tributaria trataría como producto de evasión, lavado y actividades de narcolavado.
• Modificación del Código Civil para permitir el “divorcio express”, sin mediación de jueces ni abogados.
• Derogación de la ley de “precio uniforme de venta al público de libros”, una norma que considera al libro como un bien cultural esencial y protege a las pequeñas y medianas librerías de las políticas comerciales de las grandes superficies y cadenas de librerías, que pueden negociar mayores descuentos con sus proveedores y repercutirlos en el precio final. La derogación de esta ley afectará al frágil ecosistema del libro y reducirá la bibliodiversidad, ya que son esas librerías más selectas las que dan visibilidad a los títulos de las pequeñas editoriales independientes.
• En el capítulo cultural, también se pretende derogar las leyes que dieron origen a instituciones tan prestigiosas como el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, así como el Fondo Especial para Bibliotecas Populares, lo que eliminará otra fuente de ingresos para la castigada industria editorial independiente. Así mismo, el proyecto de ley desfinancia el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y cambia la estructura de estos organismos. Los sectores afectados convocaron el 10 de enero un “cacerolazo cultural” en rechazo a esta demolición del entramado institucional que protege a los profesionales del sector de los avatares del mercado. El colectivo Unidxs por la Cultura, que articula las manifestación del sector y se adhiere a la huelga, denuncia la existencia de “una campaña enorme de desinformación porque todas estas entidades (…) no se financian con aportes del Tesoro Nacional”, ya que “los fondos de estas instituciones “se generan dentro del ecosistema cultural”.
• Conculcación del derecho de reunión. El proyecto de Ley Ómnibus define como “reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”, la cual se debe notificar al Ministerio de Seguridad con 48 horas de antelación aportando los nombres de los organizadores. La ley establece penas de entre uno y tres años y medio de prisión “para todo aquel que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes o los servicios públicos de comunicación”.
Huelga general y mecanismos represivos
El mismo día en que Javier Milei presentó su proyecto de Ley Ómnibus en el Congreso, el 27 de diciembre, y llamó a sesiones extraordinarias para intentar su rápida aprobación, la principal central sindical argentina —la CGT— hizo una primera demostración de fuerza frente al edificio de Tribunales, sede del poder judicial en la capital argentina, en apoyo de su denuncia contra la reforma laboral incluida en el megadecreto presidencial. Al día siguiente, al conocerse el contenido de la Ley Ómnibus, la CGT convocó a una huelga general con movilización al Congreso para el día 24 de enero, en vísperas del debate parlamentario de esa Ley. A la convocatoria se sumaron otros sindicatos y diversas organizaciones sociales. Los dirigentes de la CGT convocaron a un encuentro previo a los gobernadores de provincias que se manifestaron en contra del DNU y la Ley Ómnibus, para presentar una oposición coordinada en el debate legislativo.
A medida que cobra fuerza la protesta social, el giro represivo se intensifica. La ley Ómnibus amenaza con imponer penas de hasta seis años de cárcel a los promotores de protestas sociales, y sanciona a quienes las difundan a través de redes. Por otra parte, el Gobierno ya envió a las organizaciones sociales las facturas de los dispositivos de seguridad montados por el ministerio para las marchas anteriores, cuyo cobro les reclama, y ha advertido a la CGT que podría declarar ilegal la huelga convocada para el 24 de enero. Además, el portavoz presidencial advirtió a los empleados del Estado, que apoyaron la convocatoria, que se les descontará la jornada por sumarse a la huelga.
Myriam Bregman, cabeza de lista y diputada por el FIT, declaró que la Ley Ómnibus “cercena el derecho de manifestación modificando el artículo 194 del Código Penal”. La ley apunta directamente contra los dirigentes de organizaciones sociales y centrales sindicales, ya que establece penas de cárcel de dos a cinco años para quienes “dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación” que entorpezca la circulación. El dirigente social y referente del Frente Patria Grande (y ex candidato peronista), Juan Grabois, afirmó por su parte que la llamada Ley Ómnibus “es una reforma constitucional de facto”, que pretende delegar al poder Ejecutivo “una cantidad de facultades que son propias de un estado de excepción”.
En paralelo al despliegue de amenazas contra los huelguistas, se estaría gestando desde el propio Ministerio de Seguridad una psicosis de atentados completamente injustificada. La alarma desatada el 3 de enero por la ministra Patricia Bullrich cuando aseguró que se había detenido a tres extranjeros sospechosos de tramar un atentado, se desvaneció dos semanas más tarde con el contundente fallo de la jueza encargada del caso, quien dejó en libertad a los supuestos terroristas por falta de méritos. La desactivación de una supuesta “asociación criminal trasnacional que se disponía a cometer un atentado en Buenos Aires” acabó siendo la detención arbitraria de un peluquero, un jugador de ping pong y un delirante que habría sido alguna vez mercenario. Formaban parte de la trama un individuo de origen sirio-libanés y un paquete fantasma procedente de Yemen, y se llegó a alertar a la embajada de Israel de un posible atentado. Estos aditamentos le dieron mayor verosimilitud al relato del ataque terrorista. Para colmo, después se informó de una falsa alarma de bomba en la Casa Rosada.
Caída esta farsa, a mediados de enero se produjeron varias amenazas de bomba casi simultáneas en Buenos Aires, por las que fue desalojado un centro comercial y otro fue ocupado temporalmente por la policía. En el caso de este último, la policía entró a las salas del Multicine, detuvo la proyección de las películas y controló la identidad de los asistentes uno por uno. Después la policía se retiró sin llevarse a ningún sospechoso y se reiniciaron las proyecciones en cada una de las salas. Curiosamente, no se desalojó a los asistentes a pesar de la amenaza de bomba. Este episodio nos recuerda al de la policía filmando a los viajeros del transporte urbano mientras iban en dirección a una marcha en diciembre pasado. Estas renovadas formas de control social parecen concebidas para atemorizar y disciplinar a la población, y tienen un peso muy fuerte en el imaginario colectivo, ya que retrotraen a los argentinos a los tiempos de la dictadura.
Nuevos mandos militares y giro en política exterior
En Argentina, ante los embates de gobiernos neoliberales, siempre se ha dicho que el ajuste “no cierra” sin represión. El Gobierno de Milei podría ejemplificar ahora esta máxima, aplicada durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando la actual ministra de Seguridad ya ejercía ese cargo.
En su cuarta semana de gobierno, Milei descabezó a toda la cúpula del ejército, pasando a retiro a 23 generales supuestamente complacientes con el Gobierno anterior, en un intento de imponer mandos más dóciles, en previsión de escenarios represivos en caso de sobrecalentamiento de la tensión social. Los nuevos comandantes de las tres fuerzas tienen antecedentes de muy buenas relaciones con Estados Unidos.
El maniqueísmo obstinado de Milei contra todo lo que suene a socialismo o socialdemocracia (“zurdos de mierda”) lo sitúa en las antípodas de ese mundo multipolar del que formaba parte Argentina
El factor ideológico es determinante en la política exterior de Milei y le impide actuar con pragmatismo. Su alineación incondicional con Estados Unidos emula la política de “relaciones carnales” que estableció su admirado antecesor Carlos Menem, al cual se suma su ferviente alineamiento con los intereses del Estado de Israel en plena guerra de devastación de Gaza. El maniqueísmo obstinado de Milei contra todo lo que suene a socialismo o socialdemocracia (“zurdos de mierda”) lo sitúa en las antípodas de ese mundo multipolar del que formaba parte Argentina.
Uno de los pocos aciertos del Gobierno de Alberto Fernández fue conseguir la integración del país en los BRICS a partir de este año 2024, pero el nuevo presidente argentino rechazó el ingreso en carta enviada el 29 de diciembre a los mandatarios de China, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil, países que reúnen un 40% de la población mundial y el 24% del PIB global. El ingreso de Argentina se decidió en agosto junto con la adhesión de Egipto, Etiopía, Arabia Saudí, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. En suma, la geopolítica de Argentina ha girado 180 grados, y Milei ya advirtió en campaña que no pensaba hacer negocios con regímenes “comunistas”, en referencia a China y Brasil, los dos mayores socios comerciales del país.
A pesar de su discurso tan favorable al libre mercado, la ofuscación ideológica del presidente Milei cierra horizontes al desarrollo económico de Argentina, aunque es cierto que reditúa en beneficio de su Gobierno al negociar con los organismos internacionales de crédito controlados por Washington, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al concluir el primer mes de gobierno, se anunció un renovado acuerdo con el FMI, propiciado por el plan de ajuste que permitiría alcanzar un superávit fiscal de 2% del PIB en 2024.
Entre enero y abril de este año, Argentina afronta importantes vencimientos de capital e intereses con el Fondo. El ministro de Economía anunció que los pagos al organismo se realizarán con nuevas facilidades crediticias concedidas por el FMI, es decir, sin desembolso efectivo de dólares. Según admitió el propio Caputo al anunciar un acuerdo preliminar, los 4.700 millones de dólares que prestará el Fondo se emplearán para cancelar esas deudas con la propia entidad prestataria. Según medios financieros, este préstamo sería un anticipo de un acuerdo que permitiría reflotar el programa de refinanciación del préstamo de 44.000 millones de dólares otorgado en 2018 al Gobierno de Macri, y cuya renovación fue bloqueada por el Fondo el año pasado, al considerar que el país no cumplía las metas fiscales, de emisión monetaria y de acumulación de reservas internacionales netas. El Fondo había dejado en suspenso, a mediados de 2023, el programa de refinanciación acordado a principios de 2022 con el Gobierno de Alberto Fernández.
El superávit fiscal del 2 % que promete alcanzar el Gobierno se apoya en las medidas ya adoptadas por Milei que son del agrado del Fondo: reducción del gasto estatal, quita de subsidios a la energía y transporte, venta de empresas estatales o rechazo a contratar desde el Estado las obras de infraestructura. El acuerdo implica la voluntad de Argentina de reducir la masa monetaria, el “gran excedente” de pesos, y una política cambiaria orientada a la acumulación de reservas. Además de respaldar la política económica del Gobierno, el FMI se mostró favorable a la aprobación de la ley Ómnibus. La negociadora por el Fondo declaró: “Esperamos que las autoridades continúen generando apoyo político para adelantar aspectos clave del proyecto de ley”.
El ex director del FMI que negoció el megacrédito durante el Gobierno de Macri, Manuel Werner, presionó en una entrevista con la prensa para que el Congreso apruebe “una parte muy importante de la Ley Ómnibus y que el DNU transite con problemas jurídicos menores”. En su opinión, “hay mucho entusiasmo por parte de la comunidad internacional con Milei”, “un presidente que está tan convencido de la agenda económica que quiere implementar y que probablemente esté dispuesto a gastar su capital político para implementarla”.
El dólar, fuera de control
Al final de su primer mes de gobierno, Milei ha omitido cualquier referencia a la dolarización que anunció en campaña. Este ímpetu parece haber quedado moderado por las dudas del macrismo sobre la viabilidad de la propuesta, y en particular del ministro de Economía, Luis Caputo. Otra explicación podría ser que Milei espera que se profundice la devaluación del peso, aprovechando las circunstancias económicas para comprar los ahorros en dólares de la clase media, y obtener más confianza en los mercados de crédito internacionales antes de dolarizar.
Después de anunciar la mayor devaluación de la historia argentina en un solo día (118 %), Javier Milei se felicitó por haber reducido a tan solo un 10% la brecha cambiaria entre el valor oficial del dólar (fijado por el Banco Central) y el dólar blue, ilegal o paralelo. Milei lo festejó por todo lo alto, pero a los pocos días el dólar ilegal volvió cobrar impulso, acicateado por el aumento de las cotizaciones del llamado dólar financiero (en sus variantes MEP, CCL y Cripto), el que mueven las grandes corporaciones. En la tercera semana de enero de 2024, la brecha entre el valor oficial y el dólar blue ya supera el 50%. Según advierten varios analistas, esta diferencia prepara el camino que llevaría a una nueva devaluación, con otra ronda de inflación muy elevada.
El acuerdo firmado con el FMI solo permite tomar préstamos para pagar deudas anteriores, las contraídas por el ministro Caputo durante el Gobierno de Mauricio Macri, pero no facilitará divisas para la compraventa de dólares en el mercado interno a fin de mantener el tipo de cambio. El dólar seguirá su inevitable carrera al alza, licuando los salarios y ahorros de los argentinos. Con una inflación del 25% mensual y una reducción de la rentabilidad de los plazos fijos en pesos al 9%, el dólar se convierte en el principal refugio del ahorro. En este sentido, puede decirse que a mayor pérdida de credibilidad del peso, más avanza una dolarización de hecho y se exacerba la fuga hacia el dólar de todo el excedente monetario.
Añadiendo una mayor complejidad, algunas provincias gobernadas por el peronismo están considerando la posibilidad de emitir sus propias monedas. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, muy crítico con el plan económico del Gobierno de Milei, ya tomó la decisión de emitir “El Chacho” —en homenaje al caudillo Ángel Vicente Peñaloza— y consiguió la aprobación del legislativo provincial. Dadas las reticencias del Gobierno central a transferir recursos a las provincias, la nueva cuasi-moneda se empleará para pagar hasta el 30% de los salarios de los empleados públicos de la provincia. Se trata de un bono denominado oficialmente Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE), una herramienta que ya fue utilizada por la provincia del noroeste en situaciones similares de escasez de recursos, en 1995 durante el Gobierno de Menem y también durante la crisis de 2001. Milei afirmó en campaña que era partidario de la libre competencia entre distintas monedas para sustituir al peso, por lo cual no podría oponerse a la prerrogativa provincial de emitir moneda, que probablemente sigan otras provincias en los próximos meses, aunque advirtió que el Estado nacional no iría al rescate de esas monedas si las provincias que las emiten no pudieran darles respaldo.
¿Estanflación con hiperinflación?
El efecto más visible de la terapia de choque aplicada por Milei a la economía argentina durante su primer mes de gobierno fue elevar hasta niveles intolerables los precios de los alimentos, combustibles, transporte, medicamentos y otros bienes de primera necesidad. La inflación del mes de diciembre trepó hasta el 25,5% —y el 30% en la ciudad de Buenos Aires—, con un acumulado para el año 2023 del 211%. El salto del IPC al doble de los meses previos fue impulsado por la devaluación y en particular por el aumento en el rubro de alimentos del 29,7%, el indicador de mayor incidencia sobre la variación mensual de precios en todas las regiones del país.
Milei afirmó que su ministro de Economía, el Toto Caputo, merecía ser felicitado si la inflación mensual no superaba el 30 %, y sugirió que se mantendría este nivel excepcionalmente alto en los meses venideros, achacándolo al arrastre de la etapa política anterior.
Desde diversos sectores económicos se abren interrogantes sobre los efectos a medio y largo plazo de la ‘estabilización contractiva’ de la economía que propugna el Gobierno de Milei. Hay quienes temen que el experimento desemboque en “un contexto de estanflación ya no a corto plazo, sino como estado normal de las cosas”, en palabras del economista Mariano de Miguel, ex presidente del Banco Argentino de Desarrollo. Este sería el peor de los horizontes, ya que los precios continuarían creciendo a pesar de la caída de los ingresos, de la actividad económica y del empleo.
Por su parte, el economista Andrés Asiain afirmó en una reciente entrevista que el plan de ajuste no resuelve los problemas estructurales y supone desestabilización económica; en su opinión, el momento más parecido al actual fue cuando estalló el llamado Rodrigazo, durante el Gobierno de Isabel Perón. El brutal plan de ajuste que lanzó en 1975 el ministro de Economía Celestino Rodrigo derivó en una enorme conflictividad social y preparó el camino al golpe militar del año siguiente. Rodrigo impulsó una serie de medidas de shock similares a las de Milei, que incluyeron una fuerte devaluación del peso, un aumento colosal de las tarifas de servicios públicos, transporte y combustibles, así como un tope a los aumentos salariales acordados en negociaciones colectivas. Como resultado de este plan, la inflación se disparó desde el 24% en 1974 hasta el 444% en 1976, y se mantuvo en cifras de tres dígitos hasta el año 1992, con los picos de hiperinflación de 1989 y 1990 en los que se alcanzaron cuatro dígitos.
El plan de dolarizar requiere la licuación de tenencias en pesos. Varios economistas cercanos al presidente Milei anticiparon medidas que hoy se busca implementar para acumular los dólares con ese fin. La estrategia consiste en licuar el valor del peso por el efecto de la inflación, para luego canjear esas tenencias desvalorizadas (en efectivo y en cuentas de ahorro) por dólares del Banco Central. El esquema se complementaría con el ingreso al sistema de los activos de argentinos en moneda extranjera, gracias al blanqueo de capitales incluido en la Ley Ómnibus.
Con o sin dolarización, los efectos del plan de ajuste de Milei ya son visibles en la economía y en el bolsillo de los ciudadanos. La inflación descontrolada es la chispa que enciende la mecha de la protesta, pero lo que la sociedad argentina impugna en la calle es también una reforma del Estado que pretende erradicar decenas de derechos históricamente adquiridos para acabar poniendo fin al propio Estado como instancia mediadora entre grupos sociales. “El Estado no es la solución, sino el problema mismo”, dijo Milei en Davos.
La radicalidad de los cambios que impulsa el Gobierno en un tiempo record encuentra respuestas no menos audaces en algunos intelectuales argentinos. La más celebrada es la del cineasta Adolfo Aristarain, que publicó una columna titulada “Ganar la calle hasta que caiga el Gobierno”, en la que califica al Ejecutivo de “banda organizada que no tiene ideología, que busca sólo sacar provecho” y pide que el paro sindical se mantenga “por tiempo indeterminado”.
El economista Claudio Katz, que define los planes de Milei como “un intento de contrarreforma integral de la sociedad argentina”, reafirma que “la cuestión central en las próximas semanas se juega en la calle”. Y lo enfatiza de este modo: “Podemos hablar mucho de aspectos económicos, (…) podemos darnos una evaluación muy sofisticada, pero vamos a perder de vista lo central. Lo central es que el que gana la calle ganó la partida total”.