Ha pasado el 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes, en un año marcado por la tragedia. La más notable en cuanto a magnitud y simbolismo fue sin duda el caso del naufragio en la Fosa de Calipso el pasado junio, en donde se estima que viajaban unas 700 personas, de las cuales la mayoría perdieron la vida intentando llegar a costas griegas cuando la embarcación en la que viajaban se hundió desvaneciendo la esperanza de recuperar a alguna persona con vida, o al menos sus restos. Tan solo cuatro días después y con la volatilidad que suele caracterizar a los medios de comunicación, cientos de vidas perdidas pasan a un segundo plano cuando el sumergible Titán perdió contacto con su base de operaciones. Esta expedición de 5 hombres adinerados (de los cuales conocemos sus nombres a diferencia del anterior naufragio del que no sabemos ni la cifra exacta de tripulantes) preocupados por la fortuna del Titanic, otro barco con una bodega repleta de viajeros de tercera clase, seguramente migrantes impulsados por el naciente mito del sueño americano, acaparó todas las portadas poniendo en evidencia una vez más cómo no todas las muertes cuentan igual. Las hay sin duelo, anónimas, desapercibidas y otras heroicas, tan solo mediadas por la posición en la que se ubiquen dentro de las relaciones de poder internacionales.
Wikimedia. Escultura que simboliza el arribo de los primeros inmigrantes italianos a la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina. La obra se encuentra emplazada en el cruce de las avenidas Lavalle y Ávalos, a 300 metros de la zona de desembarco sobre el río Negro.
Los meses han pasado y en Europa avanza la extrema derecha con un discurso marcadamente anti-inmigratorio que encubre la segregación como norma con conceptos como migrantes de segunda o tercera generación, y es que para ciertas visiones alguien sigue siendo migrante aunque haya nacido en el territorio al que sus progenitores emigraron, aunque su documento de identidad ponga “nacional” o aunque sea el lugar donde paga sus impuestos. Un determinado color de piel o una determinada religión, son para estas perspectivas del odio suficientes para enmarcar a alguien en la extranjeridad perpetua, mientras se refuerza el mito de una Europa homogénea o de diversidad controlada.
Los discursos anti-inmigración son cada vez más virulentos y las prácticas abogan por una mayor securitización, mientras las personas en movimiento emprenden rutas cada vez más peligrosas, como hemos visto este año con el renovado protagonismo de la ruta canaria ante un Mediterráneo cada vez más vigilado. Reino Unido sigue firme con la intención de enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda, Italia firma un acuerdo con Albania para enviar a migrantes rescatados en el Mediterráneo a centros de acogida e identificación, en donde presentar una solicitud de asilo o en su caso repatriación. Albania responde que su compromiso con Italia es una deuda histórica en referencia al barco Vlora que en 1991 llegó a costas italianas, recibiendo también inicialmente la negativa de desembarcar en puerto italiano, hasta que finalmente, después de muchas horas sin alimento ni agua bajo el sol de agosto, el capitán entró a puerto, las órdenes policiales de entonces recomendaron que las personas desembarcadas fueran enviadas a un estadio de futbol a espera de deportación. Aquellos que antaño fueron los que se embarcaban en busca de seguridad y un futuro son los que hoy actuarán de contención bajo la promesa de que algún día pertenecerán a la UE, porque aunque Edi Rama, primer ministro albanés, afirme que “Somos un Estado europeo, nos falta la U delante”, lo cierto es que no son la Unión Europea y ahora se convertirán en un espacio de externalización, situación que paradójicamente les aleja de una posible adhesión debido a la funcionalidad de externalizar en sus tierras lo que dentro de la UE estaría mal visto.
Como una broma de mal gusto, este Día Internacional de las Personas Migrantes ha coincidido con los que pretenden ser los debates finales del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo en la Unión Europea, un pacto en el que lleva trabajándose desde septiembre de 2020 y que se ha extendido en el tiempo por la falta de acuerdo entre los Estados miembros sobre las “responsabilidades” a asumir. Los debates que se han sucedido alrededor del Nuevo Pacto, pero sobre todo los acuerdos y medidas que se han visto aplicar en estos últimos dos años, han mostrado la capacidad de cooptar la terminología, de apropiarse de los significados. Hemos escuchado numerosas veces términos como “solidaridad”, “responsabilidad” o “protección”, pero virados hacia el interior de la Unión Europea. Solidaridad entre los Estados miembros, responsabilidad compartida, protección de los sistemas de protección. Y así se va perfilando un “otro” externo, una masa indistinguible, una amenaza sobre la que acordar un “reglamento relativo a las situaciones de crisis”, justamente el último de los reglamentos debatidos y que mayor debate ha causado.
Atendiendo a las cifras de los desplazamientos forzados a nivel internacional vemos como la tendencia muestra que estas seguirán en aumento, lo que ha llevado al giro discursivo de hacer hincapié en la dicotomía migrante/refugiado para obstaculizar el reconocimiento de una protección internacional a determinados colectivos o procedencias, cuando la realidad nos muestra que esa dicotomía está plagada de grises que claman por un enfoque más garantista, máxime en un contexto de crisis climática previsiblemente agravada en las próximas décadas. El sistema que reproduce las jerárquicas relaciones de poder ha encontrado nuevamente las respuestas antes de plantear las preguntas, encontrando en el comodín de lo “cultural” la posibilidad de filtrar sus responsabilidades. Lo vimos con la activación de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida, para el caso de las personas desplazadas de Ucrania, una directiva existente desde el 2001 pero que no se había aplicado con anterioridad.
El viraje de los discursos anti-inmigración abiertamente racistas de la extrema derecha, han hecho florecer las estrategias de las posturas intermedias que reconocen la necesidad de la migración, tanto regular como irregularizada para reproducir el sistema de desigualdad sobre el que se cimenta la economía capitalista, recurriendo a los discursos de seguridad, control y lucha contra las mafias. Entre esas dos posturas, más complementarias que enfrentadas, se asienta el marco de disputa sellando una agenda regresiva en donde toda propuesta centrada en los derechos y garantías hacia las personas en movilidad ha de enfrentarse a una agenda ya pautada y encorsetada en la necesaria funcionalidad de la gestión migratoria en relación a las necesidades e intereses de las regiones receptoras y no de los derechos de las personas en movilidad.
El Día Internacional de las Personas Migrantes llega en un contexto de rutas cada vez más peligrosas en donde los cuerpos se enfrentan a la hostilidad de los territorios, hostilidades sociales y geográficas, desiertos, mares y selvas. Espacios a los que se viaja como turista si se tiene suficiente dinero para limar la hostilidad del entorno, en forma de safaris, cruceros o expediciones; o espacios por los que se transita huyendo de guerras o condiciones de insostenibilidad vitales. Puede que el poder adquisitivo no cambie por completo el paisaje por el que se transita, pero modifica sustancialmente la lectura del trayecto o el duelo ante un desenlace inesperado. De quienes perecieron en la Fosa de Calipso, así como en tantas otras zonas de muerte que se suceden en las rutas migratorias, no sabemos sus nombres, no sabemos a menudo la cifra exacta, son ausencia, cuerpos por relaciones de poder que los expulsa.
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Ivana Belén Ruiz-Estramil. Beneficiaria de Ayuda del Programa Posdoctoral, de Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor del Gobierno Vasco. Investigadora Post-doctoral Visitante en el Centro de Estudos Sociais (CES) de la Universidad de Coimbra; adscripta al Instituto Hegoa, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.