La invasión de Ucrania se ha convertido en una guerra económica mundial. La UE, además de enfrentarse a la amenaza de cortes por falta de suministro, está tratando de poner “topes” a los precios del gas ruso y aumentando las sanciones contra este país, a la vez que ha decidido incrementar en 200.000 millones de € su gasto militar, y enviar armas al gobierno de Kiev. De esta forma los países de la UE, acaban aceptando el cumplimiento de la reclamación de EE. UU y la OTAN para destinar al menos el 2% de su PIB a defensa.

En el entretanto España, que está almacenando 1/3 del gas europeo, y Portugal quieren hacerse fuertes a nivel energético. Ambos gobiernos, están enfrentándose a la crisis del gas “topando” el precio de la electricidad a través de la “excepción ibérica”. Y han coincidido en mejorar sus interconexiones energéticas, particularmente entre la planta regasifacadora y puerto de Sines, con capacidad de acoger a grandes metaneros, y el puerto de Barcelona, que a su vez conecta con la planta de Fos en Marsella. Recientemente, Macron, Sánchez y Costa han anunciado, a bombo y platillo, el proyecto de corredor verde “H2Med” que conectará la Península Ibérica con el resto de Europa para el 2030.

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Ante los recortes en el suministro de gas propiciados por la invasión rusa a Ucrania, y las amenazas de Putin sobre la crudeza del invierno, la respuesta de la UE ha sido aumentar el gasto militar, impulsar estrategias de nuevas infraestructuras eléctricas y gasísticas en Europa, e incrementar las importaciones de gas, particularmente del GNL o Gas Natural Licuado. Este verano-otoño, Argelia ha seguido siendo el mayor suministrador, aunque ha reducido considerablemente su suministro a causa de la crisis entre Argelia y España. EE. UU, junto a Nigeria, son los países que más se están beneficiando de esta situación por sus crecientes exportaciones, mientras que las importaciones europeas de GNL se disparan con la llegada de barcos metaneros desde diferentes países, particularmente con destino hacia España.

Estas transformaciones en el escenario internacional que auguran importantes cambios en la geopolítica tras el fin de la Guerra Fría, propician un creciente agravamiento de la realpolitik neocolonial y de la carrera por los recursos naturales.

A la vez que la Comunidad Internacional condena casi unánimemente la violación del derecho internacional por la ocupación rusa de Ucrania, EE. UU, Francia, Alemania y España cambian su postura ante la prolongada invasión marroquí del Sahara Occidental.

La crisis diplomática y migratoria entre Marruecos y España relacionada con la atención médica dispensada al Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática en un hospital español, y que supuso la dimisión de la anterior titular del ministerio de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha dado paso a un entendimiento entre estos dos países, lo que a su vez ha provocado un deterioro de las relaciones del gobierno español con el argelino. España reconoce el plan autonomista del régimen alauita para los territorios ocupados, descartando la libre determinación saharaui recogida en diferentes resoluciones de Naciones Unidas, mientras que Mohamed VI se compromete a controlar más activamente los flujos migratorios para evitar que las personas que huyen del hambre y de las guerras africanas lleguen a territorio español. Consecuencia de ello, fue la masacre del 24 de junio de 2022, donde al menos 23 migrantes (fuentes no gubernamentales señalan que fueron 40) murieron tratando de cruzar la frontera entre Nador y Melilla a manos de los policías marroquíes y españoles.

Por el contrario, las ambiciones españolas de seguir actuando como puerta de entrada del gas natural a Europa, se ven cuestionadas ante la crisis diplomática en torno al Sahara y el suministro de gas argelino. Ante el apoyo español a Marruecos sobre el Sáhara Occidental, Argelia decidió suspender el Tratado de Amistad con España, lo que está teniendo consecuencias en el suministro, en un momento en el que el gas argelino es muy codiciado por los países europeos para aligerar su dependencia del gas ruso. Lo comido por lo servido.

Mientras estos asuntos copan la atención mediática, la noticia de la llegada al puerto de Bilbao de un buque metanero de la compañía British Sponsor, que transportaba la primera exportación de gas licuado extraído en el norte de Mozambique ha pasado casi desapercibida. Este gas fue extraído por una planta de la empresa energética italiana ENI del proyecto Coral Sul FLNG, que tiene en la cuenca del río Rovuma en Cabo Delgado, y vendido a British Petroleum (BP). La única noticia al respecto ha sido el rechazo de los tribunales del Reino Unido a un recurso interpuesto por la ONG Amigos de la Tierra que sostenía que la decisión del gobierno británico de aprobar una financiación millonaria para este megaproyecto contaminante vulneraba los compromisos sobre el calentamiento global que se habían adquirido en los acuerdos climáticos de Paris (COP 21). Esta impugnación judicial contra el megaproyecto está enmarcada en una campaña de Greenpeace-Africa contra la depredación del petróleo y gas africanos y la reducción del consumo de las energías fósiles.

Lo que no se cuenta, es que detrás de este gas licuado que llega a Bilbao, hay una guerra olvidada, y otro ejemplo de la carrera por los recursos africanos y la expansión de la frontera extractiva.

En 2017 se produjeron unos ataques violentos, y hoy en día (a finales de 2022), el enfrentamiento entre un grupo insurgente islamista y las fuerzas de seguridad nacionales e internacionales, ha dejado un saldo de 5.000 víctimas mortales entre militares y civiles, y casi un millón de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Cabo Delgado. Las promesas gubernamentales y de las multinacionales de empleo y mayor bienestar para los jóvenes no se han visto cumplidas, y son escasas las posibilidades de que las familias desplazadas puedan recuperar sus tierras o actividades pesqueras que realizaban antes de que se iniciara el conflicto.

El Gobierno de Mozambique para controlar la situación, optó por contratar mercenarios privados rusos y surafricanos, pero ante el fracaso tuvo que recurrir a la ayuda militar de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) que puso en marcha la operación SAMIN, y al gobierno ruandés que envío fuerzas militares para recuperar las plazas ocupadas por los insurgentes y estabilizar la situación en las zonas donde estaban operando las multinacionales gasísticas.

Mientras la narrativa oficial sostiene que el origen de esta guerra tiene que ver con el terrorismo “yihadista”, es evidente que esta guerra obedece también a otros factores internos relacionados con los agravios, la pobreza, las desigualdades y el abandono del Estado que sufre la población y, sobre todo, a factores externos que tienen que ver con la disputa de actores nacionales e internacionales por el control de los recursos naturales y del negocio de la guerra.

EE. UU y la UE, además de enviar ayuda para evitar una catástrofe humanitaria, están financiando las operaciones militares antiyihadistas de la SAMIN y de Ruanda, para que sus multinacionales puedan continuar con sus planes extractivistas, convirtiendo el norte de Mozambique en una “zona de sacrificio”, expulsando y marginando y desposeyendo de sus medios de vida a cientos de miles de sus pobladores, y aprovecharse de sus riquezas naturales.

El metanero que llegó a Bilbao, nos recuerda que la invasión de Ucrania o la ocupación del Sahara, no son las únicas guerras del gas. Lo más triste es, que mientras estemos calentitos en nuestras casitas, no saldremos a parar estar guerras.

Jokin Alberdi Bidaguren, Profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), colaborador de Gernika Gogoratuz, Centro Investigación por la Paz, y activista en LaGuerraEmpiezaAqui (LGEA/OEE) 13.12.2022