Los primeros hechos acometidos por los invasores coloniales en Abya Yala fueron las violaciones de los territorios y de los cuerpos-territorios de los diferentes pueblos que allí existían y en especial los de sus mujeres. La violación como botín y arma de guerra se ha ejecutado por siglos, pero solo fue reconocida y sancionable a partir del año 1998 en el Estatuto de Roma que conforma la Corte Penal Internacional. Arma de guerra usada para seguir apropiándose de los territorios al apropiarse de los cuerpos-territorios en un grado de violencia multidimensional donde abusar y violar niñas indígenas es usado además para impactar y dañar aún más a sus familias y comunidades en su conjunto. Malinali Malintzin, la mal llamada Malinche, o Matoaka la equivocadamente nombrada Pocahontas, compartieron destinos capturadas y entregadas en matrimonios forzosos a colonos invasores, posesionadas por la Corona de Castilla y la Virginia Company, y tantas otras que fueron usadas, abusadas, exhibidas en museos, ferias, zoológicos, sufriendo sus últimas violaciones al ser narradas a través de las mentiras de los colonizadores, y aún así ellas y sus historias reales consiguieron sobrevivir también a ello. Las escuelas desde Alaska a Tierra del Fuego fueron otras de esas instituciones que arrancaban a niñas y niños de sus familias y comunidades, retenidos en régimen de internado en las infames boarding schools y todo tipo de escuelas regidas en su mayor parte por ordenes religiosas, donde se procuraba quebrar sus espíritus y dignidad junto con el de sus pueblos, mientras se quebraban sus cuerpos con todo tipo de prohibiciones, vejaciones, humillaciones, agresiones y abusos también de índole sexual.

Rameo, chineo, son algunos de los términos que aún a día de hoy se conocen en algunas zonas de Argentina donde cualquier niña indígena puede ser agarrada y llevada contra su voluntad entre uno o varios jóvenes blancos criollos de clases media y alta, que van a usar y abusar de ese cuerpo considerado sub-humano a libre disposición, como objeto de una iniciación sexual de hombres blancos ejerciendo lo que conciben como su derecho de pernada a través de los siglos, en el campo, en la hacienda esclavista, en las casas donde mujeres racializadas desde niñas hacen todas las tareas que las señoras blancas burguesas les ordenan. Por Juanita, una niña Wichí de 12 años que en 2005 fue víctima de una de estas violaciones grupales es que el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir decidió visibilizar estas violencias durante la conmemoración de este 8 de marzo de 2020 para acabar con ellas, y tan solo meses después en junio de 2020 se da un nuevo caso semejante sobre otra menor Wichí. En los llanos colombianos hasta su extensión hacia Venezuela los terratenientes herederos de las clases oligarcas hacían cacerías de indios, las guahibiadas, hasta entrada la década de los años 70 del siglo XX, a los hombres y niños los perseguían, torturaban y asesinaban, a las niñas y mujeres además las violaban.

Es ante este contexto de deshumanización y objetificación de los cuerpos de las mujeres y niñas indígenas donde colectivos y organizaciones de mujeres indígenas como las mujeres Wayuu de la Guajira alzan sus voces y denuncias como recientemente, ante los comentarios machistas, sexistas, racistas y coloniales vertidos en un programa de radio que se difundió además por redes sociales donde el presunto humorista Fabio Zuleta provocó una fuerte ola de indignación de protestas y denuncias que pusieron en acción hasta a la Procuraduría General. Y sin embargo ese clamor aún no es suficiente, en Colombia y desde antes de la guerra no declarada, aunque sí vivida como conflicto armado por casi 100 años, y con raíces que se hunden en el inicio de la colonización, diversos actores armados cometieron y cometen estas violaciones, pero según datos recogidos por la ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia en el 86% de la violencia sexual contra mujeres indígenas sus agresores fueron: Militares y Policías. Violaciones que se sabían, se callaban y se ocultaban pero que eran conocidas, y ante una memoria interesadamente frágil y endeble de la sociedad colombiana, al menos contamos con las hemerotecas y las memorias de las víctimas y sobrevivientes que se siguen entretejiendo a pesar de las amenazas, las desapariciones, los asesinatos y los genocidios. El hecho reciente a finales de junio de 2020 del secuestro, tortura y violación de una niña Embera por parte de varios soldados del ejército colombiano en el departamento de Risaralda parece sorprender a la sociedad colombiana, con una memoria olvidadiza que días después es nuevamente alertada ante otra violación múltiple donde también los perpetradores fueron soldados del ejército colombiano en el departamento del Guaviare que secuestraron, torturaron y violaron durante una semana a una niña Nukak Makú en septiembre de 2019. Pero no nos engañemos ni engañemos a la sociedad colombiana, porque no son casos excepcionales, porque es una dinámica que se sigue dando desde la invasión hasta ahora, y porque si seguimos consultando la hemeroteca y eso que lo que allá aparece apenas es la punta del iceberg, encontramos más de estas violaciones sistemáticas. Recordemos a la menor indígena de 14 años Yenny Torres Jaimes que en 2010 fue violada y asesinada junto con sus hermanitos Jimmy de 9 años y Jeferson de 6 años a manos de otro soldado del ejército colombiano en Arauca. Hay que recordar además en estos momentos en los que el gobierno del presidente Duque está convidando a la llegada de más personal del ejército de EEUU, que ya desde la puesta en funcionamiento de 9 bases militares estadounidenses a lo largo y ancho del territorio nacional, dejó en la impunidad varias violaciones de adolescentes y niñas, alguna también indígena, por parte de los que ahora se denominan contratistas, los mercenarios de toda la vida, amparados por la impunidad reservada a aquellos ciudadanos gringos con trabajo en esas bases así sea de manera temporal y que eluden cualquier posible persecución y castigo por parte del poder judicial colombiano, tomando el primer vuelo de vuelta a su casa y sin posibilidad alguna de conseguir su extradición.

Debemos recordar también el secuestro, violación y asesinato de la niña Nasa Yuliana Andrea Samboní de 7 años, cometido en Bogotá en 2016 a manos de un reconocido arquitecto blanco criollo adinerado y con contactos en las altas esferas del poder. Hasta ahora ni la familia de Yuliana ni su comunidad han recibido cualquier compensación ni reparación adecuadas, y en cambio tanto su victimario    Rafael Uribe Noguera, como sus posibles colaboradores en la presunta alteración del escenario del crimen y manipulación de pruebas, su hermano Francisco y su hermana Catalina, han recibido beneficios tanto en la pena impuesta al perpetrador directo como en la no imputación de sus hermanos. La justicia tarda, a veces ni llega dentro de la institucionalidad de los Estados nación cuyo carácter colonial solo ha pasado de las manos invasoras a sus herederos. Pero hay otras instancias a las que acudir, donde aunque se demore se puede llegar a dar el debido proceso. En el año 2002 dos mujeres Me’phaa del estado de Guerrero en México fueron violadas por soldados del ejército mexicano. Ambas presentaron sus demandas ante diferentes instancias llegando al gobierno mexicano, donde no fueron atendidas debidamente. Ante esta situación y tras reflexionar con los equipos legales que las apoyaron decidieron dar el salto y presentar sus casos por separado ante la CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ahí sí consiguieron algunas reparaciones incluso de índole no solo individual sino también colectiva hacia sus comunidades. Si la justicia no se consigue en Colombia puede ser el momento de presentar una demanda con varios de estos casos o en demandas separadas, de forma individual o en acción colectiva ante la CIDH lo que podría sentar un caso de jurisprudencia que pueda ser usado en el contexto colombiano, pero que además pueda servir para otros casos de demandas por abusos sexuales y violaciones hacia mujeres y niñas indígenas en otros Estados nación de Abya Yala.