Inicio este artículo indicando que el titular pretende ser una provocación, como para mí también lo es la expresión usada en los últimos años acerca de la colombianización de México para explicar las violencias en uno y otro país. Sin negar la posibilidad de ciertas semejanzas y nexos, no se pueden negar ni olvidar las diferencias y particularidades de cada contexto histórico, social, político, geográfico, étnico, colonial… Sería igual de poco afortunado hablar de una colombianización de Brasil para explicar el incremento de las represiones y asesinatos de líderes sociales como Marielle Franco por parte de elementos asociados a milicias paramilitares; el recrudecimiento de las políticas de muerte y exterminio contra los pueblos indígenas, afros, quilombolas…; la persecución y estigmatización de las luchas feministas y LGTBIQ+ con estrategias ya usadas en Colombia, pero también en Perú, Costa Rica… Cada contexto interno de cada uno de estos lugares añadido a los intereses y poderes en juego de capitales transnacionales aliados de gobiernos y élites corruptas ya explican gran parte de esas violencias. Lo que me interesa en este punto es reflexionar acerca de los intereses y poderes en juego detrás del señalamiento que por diferentes motivos se procura resaltar en los últimos meses en Colombia desde el cambio de gobierno hacia unas conexiones y alianzas con asociaciones criminales mexicanas al interior del país, retomaré este tema en la parte final.

Pero además quisiera indicar que esta reflexión escrita la inicié pensando y re-pensando en torno al 9 de agosto, conmemorando un año más la fecha que rememora la primera reunión en 1982 del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas, y que desde 1994 con motivo del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas quedó señalada como día internacional de los pueblos indígenas. Desde entonces se ha convertido en una de las fechas para visibilizar las luchas y resistencias de estos pueblos frente a las masacres, los asesinatos, los desplazamientos forzados y todo tipo de explotaciones, discriminaciones y violencias de las que siguen siendo objeto. Y este 9 de agosto de 2019 no ha sido una excepción. En Brasil las mujeres indígenas han convocado a una primera marcha nacional entre el 9 y el 14 de agosto, enlazando los últimos días con la Marcha das Margaridas (que ya cumple su sexta edición cada 4 años desde el año 2000, reuniendo a mujeres rurales, del campo, las selvas y las aguas en memoria de Margarida Maria Alves asesinada el 12 de agosto de 1983 por defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores rurales). Ambas marchas este año quieren denunciar en especial las políticas de muerte del gobierno de Jair Bolsonaro que persiguen y asesinan a líderes sociales y aumentan el exterminio de los hombres y mujeres indígenas y de poblaciones racializadas. Luchas que se unen a las de otras mujeres y hombres indígenas que en Colombia, México o Honduras acumulan las mayores cifras de líderes sociales asesinados y desaparecidos. El año pasado 2018 fue sin embargo Filipinas y el gobierno de Rodrigo Duterte quien superó a todos esos países en cifra de líderes ambientales asesinados (el segundo puesto en esa infame lista fue para Colombia), gran parte de ellos nuevamente representantes indígenas que además han sido acusados de terroristas e incluidos en una lista como aconteció con la propia Relatora Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz del Pueblo Igorot. Otras luchas denuncian también estos días los intentos de desacralizar territorios indígenas en Hawaii (EEUU) y Aotearoa (Nueva Zelanda) para construir un telescopio en el volcán aletargado de Mauna Kea o viviendas en el lugar del whānau (comunidad-territorio) de Ihumātao. Este 2019 fue declarado año internacional de las lenguas indígenas, muchas de las cuales están en serio peligro de desaparición por todas estas violencias señaladas. Las luchas son muchas, las resistencias también, pero se precisan más alianzas en todo el mundo y con otros sectores y movimientos sociales para revertir el sistema de muerte que sigue amenazando a la vida, en especial a la defendida por los pueblos indígenas y comunidades racializadas.

Retomando el hilo inicial y tan solo un día después de la conmemoración del día internacional de los pueblos indígenas, el norte del departamento del Cauca en Colombia se convierte nuevamente en escenario de un atentado en contra de los pueblos indígenas y de quienes ejercen el control territorial de sus comunidades con la única defensa de los bastones de mando y la fuerza que da el ejercicio de la unidad. Tres Kiwe Thegnas (guardias indígenas) del pueblo Nasa asesinados (y más personas heridas entre ellas un niño menor de edad, víctimas que suman 6 asesinatos de indígenas en el norte del Cauca en solo una semana, 5 de ellos guardias indígenas y uno de ellos además The Wala – sabio, médico tradicional, y que desde la entrada de Iván Duque en el gobierno colombiano que ahora cumple el primer año dan la cifra record de 97 líderes indígenas asesinados hasta el 12 de agosto de 2019) en un asalto con armas automáticas a una de las chivas (autobuses) en el que se desplazaba la comunidad y la guardia de la que hacen parte desde la infancia hasta la edad adulta para participar en una Feria que en torno a la producción de café se organizaba en el municipio de Toribío. Región del norte del Cauca que tras la firma de los Acuerdos de Paz entre el anterior gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la entonces fuerza insurgente de las FARC (actualmente entidad política Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) lejos de vivenciar una ansiada paz con justicia, sigue experimentando los impactos de un conflicto que no acabó sino que transmutó y en el que como en buen río revuelto hay quienes quieren obtener ganancias tratando de generar confusión en torno a quiénes están detrás de las amenazas, atentados y asesinatos que tienen en su diana a los pueblos indígenas y afrodescendientes especialmente en el Cauca, pero también en muchas más regiones, de nuevo por sus territorios, de nuevo por sus recursos. Y he aquí que convenientemente aparecen presuntos nuevos actores y se señalan presuntas conexiones trans-estatales hasta con el Cartel mexicano de Sinaloa, bajo cuyo epígrafe han regado las comunidades del norte del Cauca con una nueva hornada de pasquines amenazando a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, a sus autoridades, a sus representantes y a sus organizaciones. Amenazas que se suman a las que siempre se mantuvieron por parte de organizaciones y elementos paramilitares que lejos de desmovilizarse con la Ley de Justicia y Paz proclamada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2005, han seguido presentes realizando el mismo tipo de amenazas, a las mismas personas y organizaciones, usando la misma denominación Águilas Negras, Rastrojos… mientras los sucesivos gobiernos colombianos trataban de ignorar cuando no ocultar la realidad de ese accionar paramilitar diciendo que en realidad se correspondía con nuevos fenómenos nombradas como BACRIM (bandas criminales) y últimamente como GAO (grupos armados organizados). Hay un interés también por hacer señalamientos hacia esas presuntas conexiones trans-estatales indicando que esos propios carteles mexicanos están apoyando económicamente a determinadas personas y entidades políticas en el actual año de elecciones municipales y departamentales este próximo octubre de 2019. Cabe preguntarse entonces a qué intereses económicos, (para)políticos transnacionales y nacionales les resulta tan conveniente la aparición de estos nuevos actores, por un lado, para desentenderse y despreocuparse de sus responsabilidades hacia las personas, pueblos y organizaciones que están siendo amenazadas, perseguidas, hostigadas, desaparecidas, asesinadas… en unos momentos de pos-acuerdo de paz que no de pos-conflicto; y por otro lado, para posiblemente cuestionar a representantes y entidades políticas de la sociedad civil que pueden lograr alcaldías y gobernaciones y que no hacen parte del aparataje político partidista de la oligarquía y las élites aliadas de los poderes transnacionales que quieren seguir controlando el país y poder expoliar y depredar con más libertad territorios que como en la Amazonía y Orinoquía eran de más difícil penetración antes de los acuerdos de paz. Pensemos bien a quién beneficia lanzar balones fuera señalando hacia México más allá de que también puedan estar detrás de esas conexiones y alianzas.