El éxodo de miles de hondureños, adultos y menores, que huyen de la pobreza, la violencia y la represión continua se ha hecho más visible, desde el 12 de octubre del 2018 cuando una multitudinaria “caravana” partió con destino a Estados Unidos de América en busca de mejores condiciones de vida y en búsqueda de seguridad. Sumado a esto, en las últimas semanas se han realizado protestas en todo el país para exigir, no solamente, la derogación de decretos ejecutivos que pretenden la privatización de la salud y la educación, sino que, además las protestas exigen la salida del presidente de la Republica, Juan Orlando Hernandez.

^{Foto: @Délmer Membreño Aguilar}

En este contexto, el país ha sido completamente militarizado y se ha intensificado la criminalización de líderes sociales y estudiantiles. Como fue el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que el 24 de junio fueron atacados por militares dentro de ese centro de estudios. Ese espacio de construcción de conocimientos, de creación y articulación de luchas y reivindicaciones, se convirtió por unas horas en un epicentro de violencia y caos.

Honduras atraviesa una crisis económica, política y humanitaria profunda y las heridas que fueron abiertas por acontecimientos del pasado, se encuentran latentes. El 28 de junio de este año (2019) se cumplieron 10 años del Golpe de Estado en Honduras que conllevo la salida violenta del presidente José Manuel Zelaya y que fue perpetrado por grupos de poder político y económico del país avalados por Gobiernos extranjeros. Esta etapa traumática, no ha sido superada, al contrario, en los últimos años se ha ido transformando hasta pretender consolidarse en una dictadura que es sostenida mediante la violencia, la militarización, la impunidad, el despojo de tierras, criminalización y persecución de los defensores de los derechos humanos.

Después de las elecciones presidenciales en noviembre de 2017, fue instituida en Honduras una nueva modalidad de Golpe de Estado. Diversos sectores de la sociedad denunciaron un fraude electoral y la reelección inconstitucional del actual presidente Juan Orlando Hernández ante observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos. Pese a las multitudinarias manifestaciones durante los dos meses siguientes, donde, tal como fue constatado en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) , 23 personas fueron asesinadas en el contexto de la crisis post electoral, 16 de ellas por la policía militar y aproximadamente 1351 personas fueron encarceladas.

En esta particular situación es relevante hacer referencia a lo que menciona el autor africano Kwame Nkrumah cuando dice que los Golpes de Estado reaccionarios y proimperialistas demuestran la derrota del imperialismo y sus aliados, por lo que, al no poder usar de los métodos tradicionales, utilizan las armas para detener el avance de ideas socialistas y reprimir las masas. En Honduras la auditoria social presente durante el proceso electoral de noviembre de 2017, no permitió la manipulación en el conteo de los votos, por lo que la imposición y continuidad del gobierno solo fue posible mediante el uso de la fuerza y la violencia militar y policial.  Estos hechos han  sumergido al país en una profunda crisis política y humanitaria.

Durante décadas Honduras ha sido usado por Estados Unidos como base para ejercicios militares en Centro América. Bases militares, suministro de armas y entrenamientos de escuadrones especiales han sido financiados con capital norteamericano. Sin que esto sea una búsqueda de soluciones a los problemas de violencia y muertes violentas en ese país. Ya que, pese al financiamiento millonario de Estados Unidos durante las últimas décadas, según datos de organización Human Rights Watch Honduras tiene seis veces más muertes violentas que el promedio mundial, con una tasa de 42 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Claramente se necesita una gran inversión para mantener un régimen basado en la represión. En los últimos 6 años el presupuesto de defensa y seguridad ha aumentado más que lo destinado a la salud, la educación y otros servicios sociales basicos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que los altos índices de pobreza en Honduras son preocupantes con 67,4% el índice más alto en América. Pese a esto los esfuerzos y financiamientos están siendo dirigidos para la compra de armas y equipo bélico.

En 2016 el Gobierno de Honduras suscribió un convenio bilateral con Israel para fortalecer las Fuerzas Armadas. Por lo que en 2019 mil soldados israelitas ingresaron al territorio hondureño para entrenar policías y militares en áreas de protección de fronteras y espionaje. No es casualidad que un país que ha sido denunciado internacionalmente, por abusos y asesinatos de menores palestinos en la frontera de Gaza, es quien entrena la policía fronteriza, en un momento de crisis migratoria donde los principales afectados son menores de edad. Una crisis migratoria que se entrelaza con la crisis económica y en materia de seguridad que afecta a la población en general y con mayor énfasis los y las jóvenes, a las poblaciones indígenas, negras y campesinas.

Una de las mayores motivaciones del golpe fue la consolidación de un modelo neoliberal extractivista que persigue, amenaza y criminaliza las luchas por los derechos y por la vida. En los últimos 10 años se han aprobado diversas leyes y proyectos que promueven el desarrollo económico a partir del extractivismo. Estas acciones incluyen el despojo, la concesión de ríos y de territorios ancestrales en todo el territorio nacional, con un claro enfoque en proyectos de minería, energías renovables y no renovables, monocultivos, privatización de servicios públicos y las controversiales Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que atentan contra la soberanía del país.

Con base en estos hechos, el futuro del país parece incierto. Mientras los tres poderes del Estado continúen dependientes del presidente de la Republica, cuya familia ha sido vinculada con el narcotráfico y quien además controla las fuerzas militares. La crisis humanitaria derivada de la crisis política y económica se continuará manifestando con mayor fuerza en la migración forzada, los altos índices de asesinatos de estudiantes y defensores de derechos humanos, la impunidad, la coartación de la libertad de expresión y la criminalización de las protestas. Los conflictos continuarán latentes mientras existan movimientos sociales denunciando y resistiendo en diversas formas las acciones represivas del Estado.

Jessica Fernandez Norales es candidata a doctora en Estudios de Desarrollo en el Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidad de Lisboa. Investigadora em el Centro de Estudios sobre Africa, Asia y América Latina.